La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, ha abierto expedientes sancionadores a algunas empresas agrícolas valencianas por supuestas cláusulas abusivas en contratos de la pasada campaña de comercialización del caqui. Las denuncias fueron interpuestas por el sindicato La Unió de Llauradors. Dos de ellas aluden a las presuntas infracciones realizadas al modificar las condiciones contractuales no pactadas y otra al incumplimiento del pago acordado.
En uno de los casos analizados, el organismo oficial considera que la empresa estaba presuntamente renegociando lo pactado en el contrato y pretendía abaratar el coste de operación: si el productor no aceptaba el nuevo precio no se le recogería la totalidad de la fruta apta para la comercialización. Tras las primeras comprobaciones oportunas, la AICA ha advertido posibles incumplimientos a la ley que regula el funcionamiento de la cadena alimentaria.
El otro expediente sancionador trata de confirmar el incumplimiento de los plazos de pago acordados entre una mercantil y otro agricultor. Esta investigación se puso en marcha tras solicitar la organización agraria que se realizaran más controles e inspecciones para comprobar la existencia de contratos en la compra de caquis por parte de un operador comercial. En el inicio de la actual campaña del caqui, en el mes de septiembre, La Unió presentó ante la AICA las primeras denuncias a comercios que realizaron la compra con contratos sin figurar el precio de la fruta.
En actitud «vigilante»
La Unió aconseja a los diferentes operadores comerciales, tanto del caqui como de otros cultivos, que cumplan los contratos que firman con los productores y anuncia que se mantendrá vigilante para denunciar ante la AICA cualquier vulneración de los mismos para defender los intereses de los agricultores valencianos.
Las acciones emprendidas por parte de La Unió han conseguido que la Agencia de Control Alimentario haya abierto en diferentes ocasiones expedientes sancionadores a algunas empresas importantes del sector por incumplir o modificar los contratos y vulnerar los plazos acordados de pago.
