El alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, justificó ayer que el ayuntamiento haya solicitado la ejecución de la sentencia que ordenó la demolición de una empresa ubicada en el término de Guadassuar en la «obligación de velar por el bienestar de su ciudadanía» y, si bien negó que tenga intención de reabrir tensiones con el municipio vecino, afeó la pasividad del consistorio que preside Salvador Montañana para cumplir una resolución del TSJ del año 2016, previa al acuerdo entre ambos ayuntamientos para reconducir las relaciones tras una época de tensiones. «No cumpliría con esa obligación si no pidiera la ejecución de una sentencia en firme que beneficia la calidad de vida de las personas que viven en Montortal», afirma Salom.

El munícipe señala que l’Alcúdia no quería interferir en cómo Guadassuar debía resolver el problema «siempre que se hiciera dentro del límite legal», y señala que «al ver que se agotaba el límite sin que hubiera dado ningún paso en el sentido de cumplir la sentencia, no hemos tenido más remedio que pedir la ejecución».

Andreu Salom dice no entender la «perplejidad» del alcalde de Montañana y asegura que «no se trata de una rivalidad entre pueblos, sino del bienestar de una vecindad que vive a 300 metros de una industrai que, por ley, tendría que estar a más de 2.000 metros de cualquier núcleo habitado y que, además, tiene que sufrir el paso de vehículos pesados por sus calles, porque a estas alturas los accesos al polígono industrial de Guadassuar todavía no se han solucionado».

«No se puede decir que desde l’Alcúdia queremos reabrir heridas cuando, pasados 5 años de una sentencia firme del tribunal, no se ha hecho ni un gesto para acatarla. No es l’Alcúdia sino el alto tribunal valenciano quién dictó la sentencia, y es el Ayuntamiento de Guadassuar quien debe cumplirla», replica Salom a Montañana. Salom recuerda que la sentencia de demolición de la cementera es anterior al pacto entre los dos alcaldes firmado en 2017 «que se basaba en consensuar las políticas que en adelante tendrían repercusión para los dos pueblos vecinos y que no tenía efectos retroactivos», apostilla.

El alcalde de l’Alcúdia defiende que «en ningún caso» ha incumplido ese acuerdo y recuerda que Montañana decía entonces que «la tipología que había de las actividades industriales previstas en la zona se ha desestimado para imposibilitar la implantación de instalaciones con grados elevados de molestia, insalubridad, nocividad o peligrosidad». Y añadía que también «se está planificando una nueva red de accesos viarios al polígono que tiene en cuenta las necesidades de los residentes a Montortal» si bien, recuerda Salom, los accesos al polígono «siguen siendo los mismos de 2008» y los vecinos de Montortal continúan pagando las molestias causadas por esta industria «que nunca se tendría que haber instalado donde está».