La valencianización del nombre del pueblo se enquista en Castelló y Alfarb
El topónimo que sustituyó en 2020 a la antigua denominación de Villanueva de Castellón sigue pendiente de tres recursos
El municipio del Marquesat celebrará un referéndum para que los vecinos se pronuncien sobre el cambio aprobado en mayo
El cambio de nombre provocó que se tachara el antiguo topónimo en las señales. / Levante-EMV
El proceso de normalización lingüística de los topónimos ha tropezado en la Ribera con dos piedras. El Consejo de Ministros autorizaba esta semana la celebración de la consulta popular solicitada por el Ayuntamiento de Alfarb para que los vecinos se pronuncien sobre si se sienten más identificados con la forma acabada en «b», la denominación oficial desde de mayo y única, o con el topónimo anterior, Alfarp.
Por otra parte, el topónimo Castelló, que se utiliza como forma oficial y única desde octubre de 2020, sigue pendiente de la resolución de tres recursos contenciosos. «Todo sigue igual», confirma el teniente de alcalde, Òscar Noguera, que tramitó el expediente de normalización del topónimo que sustituyó la forma Villanueva de Castellón por Castelló sin abrir en la calle heridas del pasado.
El proceso de valencianización del nombre de Alfarb también se realizó sin sobresaltos en el anterior mandato con Compromís en el gobierno municipal. Era uno de los pocos municipios valencianos que no había normalizado su nombre, según recordó la Acadèmia Valenciana de la Llengua en la carta remitida al ayuntamiento, en la que se ofrecía a elaborar el informe preceptivo. El nuevo topónimo fue refrendado por el pleno del Consell y es oficial desde el pasado mes de mayo, poco antes de los comicios del 28-M.
La petición de la consulta popular en Alfarb tensa la coalición de gobierno Compromís-PSOE
Ha sido con la constitución de las nuevas corporaciones cuando han aflorado las diferencias políticas. La izquierda local (Compromís y PSOE) logró un pacto «in extremis» para gobernar en coalición con una alcaldía compartida que durante los primeros 15 meses ostenta el único concejal socialista, Raúl Mínguez. El propio Mínguez ha sido quien ha impulsado la solicitud para realizar una consulta popular sobre el topónimo a pesar de las advertencias de sus socios de gobierno de que estaba incumpliendo el pacto al no consensuar esta solicitud.
Escultura a la entrada de Alfarb en la que se eliminó la "b" del topónimo en una imagen de archivo. / Levante-EMV
El PP, conocedor de la postura del alcalde, ha tratado de hurgar en la herida de esta división con la solicitud de un referéndum y la propuesta de que fuera vinculante. Mínguez votó en contra en el pleno con el argumento de que ya había iniciado las consultas para iniciar el proceso. El PP ha aplaudido la decisión del Consejo de Ministros de autorizar la consulta popular: «Llega un poco de democracia a Alfarp», ha indicado en las redes sociales en un texto que acusa al gobierno local de querer imponer el topónimo acabado en «b» «sin tener en cuenta el sentimiento de los vecinos. Mínguez también eludió ayer pronunciarse sobre el tema.
Compromís promoverá la abstención
Compromís, socio mayoritario en el gobierno municipal, ya ha anunciado que promoverá la abstención al considerar que el único informe vinculante es el de la Acadèmia Valenciana de la Llengua que avaló el cambio y que este proceso «es una forma de abrir heridas y enfrentar a la gente».
Castelló vivió en carne propia la fractura social que en los años noventa suscitó el cambio de topónimo -se pasó de la forma Villanueva de Castellón a Castelló de la Ribera, posteriormente anulada-, aunque la aprobación del topónimo Castelló se tramitó en un ambiente de normalidad. Sin embargo, el cambio suscitó tres recursos contra esa denominación.
Uno del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, que alertaba de posibles confusiones -como la que protagonizó recientemente la cónsul de Colombia que no llegó a una reunión con la alcaldesa al desplazarse a la Ribera-; otro de la Federació Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia, sobre la que se proyecta la sombra del abogado Juan García Sentandreu, que asesoró al colectivo de vecinos que logró tumbar la forma Castelló de la Ribera, y un tercero firmado por varios vecinos entre los que figura un ex concejal del PP. Óscar Noguera señala que el proceso se encuentra a la espera de que el juzgado solicite la prueba pericial que considere conveniente.
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