Casi un cataclismo de insalubridad en la ciudad y una revolución de los trabajadores de la empresa que gestiona la recogida de la basura en Gandia. De ese modo justificó el exalcalde, Arturo Torró, del PP, la necesidad de recibir de parte del Ministerio de Hacienda un adelanto de cuatro millones de euros de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) para pagar parte de la deuda que el Ayuntamiento tenía con FCC.
Sin embargo, ni un solo céntimo de ese dinero que finalmente el departamento que dirige Cristóbal Montoro concedió a Gandia, se destinó a tal menester. En su lugar, el Ejecutivo del Partido Popular realizó pagos de todo tipo, entre los que se incluyó una transferencia de casi dos millones de euros a la empresa pública de Gandia (IPG), según la relación de facturas a las que ha tenido acceso este periódico.
El Ayuntamiento de Gandia solicitó el adelanto a Hacienda a finales del pasado mes de marzo. La Administración estatal pidió al entonces alcalde popular que le remitiera un informe en el que justificara, «con precisión», «la causa extraordinaria» que hacía necesario el anticipo.
El interventor municipal emitió el documento en el que, a instancias del exalcalde, aseguraba que era «necesario» atender el pago a la empresa que se encarga del servicio de recogida de residuos sólidos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de la ciudad. Torró aseguraba tener conocimiento de que «se puede organizar una huelga en ambos servicios que afecta sustancialmente a la salubridad pública», y apostillaba que tal situación podría suponer «un daño muy importante» a la economía local ante la inminente llegada de la temporada turística. Acentuó, sin embargo, que lo importante era «el elemento sanitario».
El ministerio ingresó dicho dinero en las arcas municipales de Gandia el 17 de mayo, a una semana de las elecciones, y justo el día siguiente empezaron a salir ingentes cantidades de dinero destinadas a pagar, entre otros, rentas garantizadas atrasadas desde enero, reparación y mantenimiento de vehículos municipales, atrasos en las becas de libros y comedor escolar, facturas a empresas de producción de espectáculos, 1.500 paquetes de uvas para la fiesta de Fin de Año o conceptos tan curiosos como un reportaje fotográfico sobre el belén de Navidad (1.800 euros), gastos de comunidad de varios edificios donde el ayuntamiento tiene pisos sociales o un cartel anunciador de la procesión del Jueves Santo.
Pensando en las elecciones
Algunos pagos presentan un alto calado electoralista, como son la gran cantidad de subvenciones que se abonaron a asociaciones, fallas y entidades solidarias, un dinero que había comprometido el exalcalde en aquel multitudinario acto en el ayuntamiento en el que un centenar de representantes de entidades de la ciudad acudieron a la firma de los convenios.
De ese dinero también se transfirieron casi dos millones de euros a IPG. La primera inyección se produjo el 18 de mayo, un día después de recibir la ayuda, a través de dos pagos, uno de 545.000 euros y otro de 564.000. Dos días después, el 20 de mayo, una nueva transferencia a IPG ascendía a los 891.000 euros.
Se desconoce a qué conceptos se destinó el dinero que el Ayuntamiento de Gandia transfirió a la empresa pública.
Cuando el PP salió del Gobierno de Gandia, la deuda con FCC (Serveis Urbans) ascendía a casi 14 millones de euros, una cantidad que será cubierta con el nuevo Plan de Pago a proveedores que recibirá en los próximos meses.
