"Sólo pido una cita para explicar mi historia, en Colombia me matarían"

Salir de Bogotá, incluso de Colombia, y establecerse en un país donde ni ella ni su familia se sintieran amenazados. Esa era la principal preocupación de Consuelo, enfermera de 43 años, después de que la persecución de bandas delincuenciales contra ella, su marido, sus dos hijos, de 22 y 13 años, llegara a un punto insostenible. El secuestro de un hermano, que murió a los seis meses tras ser liberado, por problemas de salud, y después el asesinato de su padre, hace diez años, mientras ejercía como funcionario de prisiones, no fue, al parecer, suficiente castigo. 

«Mi padre se negó a participar en negocios turbios en la cárcel, y cuando salieron unos presos a la calle quisieron vengarse», explica Consuelo, con una entereza pasmosa. Considera que detrás del crimen de su padre, que no se investigó lo suficiente, «están los paramilitares, o miembros de la fuerza pública», por lo que, según afirma, ya no confía en la protección del Estado colombiano. «Un día asaltaron la casa de mis abuelos paternos y dejaron un mensaje pidiendo que no investigáramos más, esa noche mi abuelo falleció de un infarto al corazón, y ya dejamos las averiguaciones».

Iniciaron entonces, ya con una carta de desplazados forzosos, una nueva vida en otro distrito de Bogotá, donde pusieron un locutorio y un restaurante, lejos de donde sucedieron aquellos trágicos hechos, pero siguieron las extorsiones. «Nos dijeron que pagáramos vacunas (semejante a un impuesto revolucionario por adueñarse del territorio) y entre eso y la pandemia nos arruinamos». «El año pasado fueron a por mi hijo, pero lo confundieron con otro chico, que apuñalaron y acabó muriendo», añade.

Mandó a su hijo a prestar el servicio militar, para que estuviera más seguro. «Pero ya cuando amenazaron con secuestrar a mi hija dejamos todo en Bogotá, y nos vinimos para España con sólo tres mudas de ropa, porque nos dieron 24 horas para salir del país, la gente del barrio nos ayudó con dinero», explica. «A mí intentaron secuestrarme con 14 años y no quiero que mi hija viva lo mismo que yo pasé». Así pues, el pasado mes de marzo volaron a València menos su marido, que llegó después, en junio. «Acá reunimos plata como pudimos, y por fin estuvimos la familia reunida otra vez». 

El destino fue casi por azar, al coincidir el vuelo más barato. Recalaron en Xeraco, donde se alojaron de forma provisional en un cámping, y luego bajo una carpa. Pero se acabó el dinero y Consuelo pidió ayudas sociales. Tras este verano malviviendo, ahora están de alquiler en un piso. Su hija está escolarizada y el hijo realiza un curso de formación. «Nos dicen que no podemos acceder a la renta de emergencias por no tener un NIE». Ante tal panorama, Consuelo optó por pedir asilo para la familia, porque siguen en situación irregular. Pero lo que no se podía imaginar era el atasco burocrático que se encontraría en València. Lo ha intentado haciendo cola en Zapadores, y también por internet. «Sólo pido una cita para explicar mi historia, una oportunidad, no podría volver a Colombia», señala. 

Asegura que en caso de regresar su vida y la de su familia corren peligro. Asesorada por el CDR La Safor, en Beniarjó, ha presentado una queja al Defensor del Pueblo. Como ella otras cinco familias más, todas de origen colombiano, aunque con diferentes situaciones vitales. Todos ellos llevan esperando entre siete y nueve meses para tener una cita, y lo siguen intentando prácticamente a diario por internet. En la queja piden que se refuercen estas oficinas y comisarías de la Policía Nacional, las que hacen las primeras entrevistas, para que no se vulnere un derecho fundamental como es el de solicitar protección internacional. Haber realizado esa primera entrevista ya les serviría mucho para acreditar su situación, disponer de un NIE provisional, permiso de trabajo, y no tener ese miedo cotidiano a ser deportados, aunque deben esperar en cualquier caso a la resolución final.  

«Atendemos a muchos migrantes más que están en esa misma situación, sin acceso a citas para pedir asilo, aunque no hayan puesto la queja», asegura Jaume Escrivà, técnico de intervención comunitaria del programa Orienta’t en el CDR La Safor. Este centro no sólo trabaja con demandantes de asilo, también con inmigrantes en general, realizando acciones como cursos de castellano y valenciano, orientación laboral y formación. Jaume Escrivà recuerda que los retrasos burocráticos «ponen a los migrantes en una situación muy vulnerable, ya que sin papeles no pueden regularizar el acceso al trabajo o a una vivienda».  

Según el informe «Asilo en cifras», del Ministerio del Interior, en España en 2021 hubo 65.482 solicitudes de asilo. De ellas, 11.526 fue de colombianos, el segundo país con más peticiones. Se reconoció asilo a 2.026 personas, de las cuales 1.169 de Colombia. En la Comunitat Valenciana en 2021 hubo 4.260 peticiones, 1.106 de Colombia.

Colapso en Extranjería y hasta 200 euros por turno en el mercado negro

Como ha venido denunciando Levante-EMV en los últimos meses, los organismos que tramitan el asilo están colapsados en la Comunitat Valenciana. Esta situación se está produciendo por varios factores. El más grave fue un error informático que provocó la desaparición de 4.000 solicitudes que llegaron por correo electrónico entre enero y marzo. La Policía Nacional dio por perdidas las peticiones y creó un nuevo sistema de cita previa a través de la «app» del Ministerio. A esto se ha sumado la guerra de Ucrania y la decisión de dar automáticamente papeles a todo ucraniano que lo pida, cosa que también ha aumentado la ya de por sí abultada carga de trabajo. Pero, además de esta demora, el sistema tiene tales fallos de seguridad que se aprovechan de él gestorías, abogados, o supuestos funcionarios para crear un mercado negro de citas. 

A Consuelo le llegaron a pedir 160 euros por persona en el mercado negro. Adelantó 60 euros por Bizum, pero hasta ahora no ha tenido éxito. El interlocutor asegura ser una persona con contactos o influencias para concertar una cita previo pago algo que, lógicamente, es un delito ya que este trámite es gratuito. Ante una petición de asilo la Administración está obligada a contestar en 90 días, pero actualmente el expediente se está resolviendo en unos ocho meses.