Seis personas detenidas, ocho investigados, veinte empresas involucradas y 1.000 toneladas de productos cárnicos caducados retirados del mercado, donde hubieran alcanzado un valor de 5 millones de euros.
Estas son las grandes cifras de la operación Jamvina, llevada a cabo este verano por la Guardia Civil de València y la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad y gracias a la que se ha desmantelado una trama de reventa a supermercados de jamones y productos cárnicos caducados.
A los detenidos -de edades comprendidas entre los 25 y los 60 años- el juzgado de primera instancia número 3 de Alzira les imputa delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales por gestionar una trama que se dedicaba a reintroducir en el mercado de forma fraudulenta jamones y productos cárnicos como chorizos o paletas en malas condiciones.
Las empresas se hacían con la mercancía, alimentos retirados por los supermercados porque había pasado su fecha de consumo, y los reintroducían en el mercado para su venta al público tras reenvasarlos -algunas veces retirando las partes en mal estado o con moho- y cambiando las fechas de consumo preferente.
Así, y según explicaron ayer el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Amador Escalada; el capitán jefe de la Unidad de la Policía Judicial, José Ángel Millán, y el subdelegado del Gobierno en València, José Roberto González, la ganancia era doble: ahorraban al no destruir los productos caducados y ganaban volviéndolos a vender a otros supermercados a un precio «muy competitivo».
La operación -con tres registros y 30 inspecciones en empresas de Alzira, Algemesí y Alcobendas- comenzó este verano después de que inspectores de Sanidad detectaran la presencia en Alzira de una nave clandestina que se dedicaba al reenvasado y reetiquetado de jamones y productos cárnicos caducados o ya directamente en mal estado.
Tal como Levante-EMV avanzó en su día,además las condiciones higiénicas en las que este trabajo se realizaba eran deplorables con productos almacenados en el suelo, con moho y en lugares con heces de roedores.
Sanidad, tras dar cuenta a la Guardia Civil, lanzó una alerta a toda España a través de la Agencia Española de Consumo (Aecosan) para la retirada del mercado de los productos y la paralización de varios lotes en otras provincias.
En la C. Valenciana, los productos reenvasados se vendían en dos supermercados de València y el área metropolitana (Family Cash y Kuups) con precios realmente bajos: un kilo de jamón loncheado a cinco euros. El subdirector general de Seguridad Alimentaria de la Conselleria de Sanidad, Vicent Yusà, explicó ayer que tras la retirada este verano de los productos no habían tenido constancia de «ningún intoxicado».
Borrado de datos
Según el capitán jefe de la Policía Judicial, la trama podría haber estado operando «durante más de un año» aunque era algo «difícil de calcular» ya que había existido «mucha opacidad» en el aporte de documentación.
De hecho, en los cuatro días que mediaron entre el primer registro sanitario de la nave de Alzira y el registro con orden judicial los responsables de la trama habían «eliminado información» de los equipos informáticos e incluso querían «hacer desaparecer la localización de muchos productos» con los que se trabajaba.
En el marco de la operación judicial, que el juzgado de Alzira mantiene abierta, se ha solicitado también el registro de otras sedes empresariales en Madrid ya que existen «indicios» de que habría implicación de otro holding de empresas madrileño y se estudia, según ha apuntado Millán, la posible conexión existente con otra operación similar llevada a cabo a principios de año en Extremadura contra una organización empresarial con el mismo modus operandi.
