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La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, anunció ayer que el Gobierno central ha pedido a los juzgados que tomen "medidas cautelares" para evitar la demolición de "bienes culturales" en el barrio valenciano de El Cabanyal que son "patrimonio histórico". "Hay órdenes ministeriales y dictámenes de los jueces que hay que cumplir", sentenció la ministra.
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por su parte, confirmó la presentación de este recurso pidiendo "la suspensión de todo tipo de derribos" en El Cabanyal "en base a la orden vigente del Ministerio de Cultura que así lo dispone". El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, precisó que ante la "evidente actuación" del Ayuntamiento "en contra de dicha orden es por lo que desde la Delegación se adopta la decisión de recurrir a los tribunales, porque es así como se actúa en un Estado de Derecho".
La respuesta del juzgado, sin embargo, no ha sido favorable en primera instancia. Su primera decisión ha sido rechazar las medidas cautelarísimas que pedía el Gobierno al no quedar acreditada la urgencia de la medida. El recurso ha sido tramitado, por tanto, por la vía ordinaria y ha dado a la parte demandante diez días para presentar documentación antes de tomar una decisión sobre la paralización de los derribos.
Poco antes, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia había denegado por el mismo motivo la petición presentada por Salvem El Cabanyal de paralización cautelarísima de los derribos, resolución que dio pie a la intervención de las excavadoras y a los consiguientes disturbios.
Asamblea de Salvem el Cabanyal
Ayer, el portavoz de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, anunció la celebración de una asamblea urgente para decidir qué acciones llevarán a cabo. De momento, ya se han organizado para que los vecinos estén atentos a nuevos derribos y avisen a la plataforma. Creen que mientras no haya una resolución sobre el recurso del Gobierno pueden producirse nuevos derribos.
