El Ayuntamiento de Valencia empezó a aplicar ayer una Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades que permitirá abrir un negocio presentando únicamente un documento en el que se compromete a cumplir con todos los requisitos que exige la ley. Entre el 60 y el 70 por ciento de las actividades podrán acogerse a este nuevo sistema, que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, calificó de "auténtica revolución administrativa".

La ordenanza fue presentada ayer a los empresarios y los colegios profesionales con presencia del concejal de Coordinación Jurídica, Félix Crespo, y la directora general de su departamento, Esmeralda Orero. Ellos han sido los autores del texto con ayuda de sus funcionarios, que han tenido que refundir tres ordenanzas municipales: la de licencias y edificaciones de 1971, la de obras menores de 2009 y la de usos y actividades de 1981.

Según Rita Barberá, lo que se ha hecho ha sido "quitar lo que sobraba" en los procedimientos y dejarlos "en el esqueleto". Eso si, manteniendo siempre la seguridad jurídica.

En términos globales y salvando las múltiples variantes que pueden presentarse, la ordenanza prevé que las actividades inocuas, como una peluquería o una tienda, puedan abrise presentando por registro únicamente una comunicación previa en la que el demandante de licencia se compromete a cumplir los requisitos que ya se especifican en ese documento.

Exactamente igual, pero presentando en este caso una declaración responsable con más exigencias administrativas, podrá iniciarse una actividad calificada (bares, cafeterías etc.) cuya superficie no supere los 1.500 metros cuadrados, no tenga una afectación patrimonial y no represente un peligro para la salud o la seguridad.

Para el resto tendrán que tramitarse licencias normales, aunque en este caso también con una reducción en los plazos que garantizan el inicio de la actividad en cuatro meses en el peor de los supuestos.

De todas formas, los solicitantes de la "licencia expres" deben saber que posteriormente y de forma aleatoria se pasará por su local una inspección que se asegurará el cumplimiento de la ley. Concretamente, se creará un cuerpo de 35 inspectores que se encargará de este trabajo cuando el volumen de peticiones así lo aconseje. Los promotores de la medida son conscientes de la picaresca que puede desencadenar la ordenanza.