05 de julio de 2012
05.07.2012
Urbanismo

La Audiencia avala la paralización de los derribos del Cabanyal

El Ministerio de Cultura de Zapatero ordenó paralizar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el paseo marítimo a través del antiguo barrio de pescadores

06.07.2012 | 18:18

La Audiencia Nacional ha avalado la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que ordenó paralizar la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, que contemplaba el derribo de 1.600 viviendas para urbanizar de nuevo el barrio con una avenida al mar, y decretó la suspensión de los derribos en la zona afectada, según ha explicado la plataforma Salvem El Cabanyal

La Audiencia desestima con esta decisión los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana contra la orden dictada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que fue avalada hace u año por el Tribunal Supremo.

El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico en 1993 y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto.

Consell, Ayuntamiento y Gobierno central se enfrascaron en una maraña de recursos en las diferentes instancias jurídicas y parlamentarias. El Consell aprobó el decreto ley 1/2010 que pretendía blindar el plan especial de reforma barrio y que fue recurrido por el Gobierno que lo consideró inconstitucional.

Además, la orden ministerial fue recurrida por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana que consideraban que era inconstitucional y atacaba el autogobierno de los valencianos. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que la orden ministerial es "correcta" y que el Ministerio de Cultura tiene capacidad para emitir la declaración de expolio, como así hizo, pues "queda claro" que el Estado central es constitucionalmente competente en materia de protección y conservación general del patrimonio histórico.

En la resolución conocida hoy, la Audiencia indica que el ministerio es "respetuoso" y "no invade en modo alguno la autonomía local", pues la orden no le dice al Ayuntamiento lo que tiene que hacer, sino sólo que lo previsto en el PEPRI es "ilegal" por constituir expolio. La alternativa deberá proponerla de nuevo el Ayuntamiento, modificando el plan para hacerlo compatible con la protección del patrimonio, según ha indicado en un comunicado la plataforma Salvem El Cabanyal.

Descarta también la Audiencia que existiera indefensión por parte del Ayuntamiento en el procedimiento, pues se le dio trámite de audiencia e hizo llegar su informe favorable al PEPRI. El tribunal repasa los distintos informes emitidos por instituciones y organizaciones de defensa del patrimonio, para concluir que del conjunto de ellos se deduce que la declaración de expolio estaría bien argumentada.

Cuatro meses después de dictarse la orden, el ministerio de González-Sinde tuvo que recurrir a los tribunales para exigir que la orden ministerial se cumpliera.

Barberá exigió sin éxito tras ser reelegida alcaldesa en mayo de 2011 que el Gobierno, todavía socialista, retirara el pleito del Cabanyal después de ganar en votos en la zona afectada.

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