El calvario de los familiares de Teófilo Alcorisa „su caso es el único no resuelto de las 18 exhumaciones solicitadas en la Comunitat Valenciana en el marco de la Ley de la Memoria Histórica„ aún no ha finalizado. El diario Levante-EMV ha tenido acceso a la última resolución sobre el proceso aprobada por el Ayuntamiento de Valencia, que data de finales del pasado mes de abril y obliga a la familia a solicitar la intermediación del Instituto de Medicina Legal de Valencia para poder recuperar el cadáver. En caso de contestación desfavorable dicta que «se ejecutarán las labores exhumatorias por la Contrata Municipal de Cementerios». En ambos escenarios se defiende que son los «interesados» quienes deben hacerse cargo de la totalidad del coste económico por los trabajos, cifrado en 45.000 euros.
El documento fue ratificado por el gobierno saliente presidido por Rita Barberá y se trata de una argumentación de 12 hojas de extension en las que se desgrana parte de un caso que se remonta al año 2009, cuando Pilar Alcorisa inició los trámites para recuperar el cuerpo de su progenitor.
Sin embargo, en dicha resolución se ignora el hecho de que la Subsecretaria del Ministerio de Presidencia otorgo a la familia una subvención de 50.000 euros hace seis años. Sin embargo, los fondos tuvieron que ser devueltos al pasar el plazo establecido de un año por las trabas administrativas presentadas entonces por el Ayuntamiento de Valencia.
«Celeridad administrativa»
De hecho, en el dictamen se defiende que la parte interesada ha incumplido el «principio de celeridad administrativa y confianza legítima en dos expresas ocasiones en sus relaciones con esta administración municipal».
Matías Alonso, coordinador del grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Fundación Societat i Progrés, argumentó que «lo que ocurre es que Rita Barberá ha querido abandonar el consistorio con una nueva resolución hostil. Es todo muy raro: exigen la participación del Instituto de Medicina Legal „no se trata precisamente de un grupo de albañiles que contratas y no se ha actuado así en otro casos„ y dicen que si en quince días no hay nada cerrado los trabajos los hará la contrata del Ayuntamiento. En ambos casos la familia lo paga todo. Tuvieron que devolver la subvención por su culpa y ahora van con prisas. El hecho de hablar de celeridad ya es una falta de respeto». Alonso también preguntó sobre los cauces aprobados por el ya exequipo de Gobierno «¿Que harán si los familiares no pueden pagar? ¿Les embargarán?... hablamos de una familia humilde que, sin duda alguna, no se merece este trato».
El portavoz también explicó que «la normativa es un poco ambigua a la hora de decir quién tiene que pagar los trabajos de exhumación, no es clara sobre la obligación de las administraciones. Pero eso no quita del hecho de que hubiera una subvención concedida en su momento que tuvo que devolverse por los obstáculos presentados por los que ahora quieren acelerarlo todo».
