El Ministerio de Hacienda ha licitado más de medio centenar de contratos desde que se celebraron las elecciones, muchos de ellos relacionados con infraestructuras y servicios portuarios. La capacidad de contratación, por tanto, se ha mantenido pese a la situación de interinidad del Gobierno, lo que dejaría en evidencia el argumento esgrimido por el ministro Cristobal Montoro para bloquear, por esa situación de interinidad, dos contratos (de mantenimiento y vigilancia) en la Marina Real Juan Carlos I.

Como avanzó este diario, el ministerio de Hacienda solicitó al alcalde el pasado fin de semana mediante un correo electrónico que desconvocase el consejo rector del Consorcio Valencia 2007 previsto desde hace semanas para este martes argumentando que dada la situacion de provisionalidad del Gobierno no era conveniente adoptar decisiones económicas que puedan comprometer a posteriores gobiernos.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado y tomando como referencia la fecha de celebración de las elecciones generales, el pasado, 20 de diciembre, el Gobierno «en funciones» ha dado curso a 240 licitaciones, 52 de las cuales corresponden al Ministerio de Hacienda, que es junto con Fomento (con 41 licitaciones) y Defensa (40) el que más actividad de contratación ha tenido en estos meses de interinidad.

Entre las licitaciones aprobadas por el ministerio de Montoro se encuentra la contratación de la asistencia técnica para la Delimitación de Espacios Portuarios y el estudio de viabilidad de la Zona de Actividad Logística del pueto de Huelva, por 363.000 euros o el servicio de captación de turismo de cruceros del puerto de Tarragona, por un importe de 206.000 euros.

Las administaciones locales (Generalitat y Ayuntamiento) intentaron sacar adelante este martes las licitaciones pendientes. Sin embargo, no pudieron ante el veto del Gobierno, dos de cuyos cuatro consejeros no respondieron a la convocatoria de Ribó y otros dos se abstuvieron.

Las tres administraciones (estatal, autonómica y local) del Consorcio aprobaron en 2012, ya con el gobierno de Mariano Rajoy, una modificación de los estatutos del Consorcio Valencia 2007 para dar paridad al consejo, con un tercio de representación para cada una de las administraciones „cada una con cuatro consejeros„. Sin embargo, en la misma modificación el Gobierno se reservó el derecho de veto en todas las decisiones económicas «relevantes», que son aquellas con importe igual o superior a 60.000 euros, cantidad que los dos contratos pendientes de adjudicar en la marina superan. El importe del contrato de Vigilancia es de 330.000 euros y el de mantenimiento de 442.000. El primero concluye en mayo y el segundo en octubre.