«Hemos hecho todo lo posible por sacar del Ayuntamiento de Valencia a los asesores del PP acusados de blanquear dinero, pero no nos ha sido posible». Con este lamento justificó ayer el equipo de Gobierno municipal el hecho de que hoy la Junta de Gobierno Local haya aprobado la restitución en sus puestos de los 7 asesores populares que fueron suspendidos de empleo y sueldo por su supuesta implicación en la operación Taula.

El primero en ser expedientado fue Luis Salom y luego le siguieron los otros seis compañeros cuando el juez confirmó que estaban «investigados». Se les acusaba a todos de pagar 1.000 euros para la campaña electoral del PP y luego recuperar ese dinero en dos billetes de 500, operación que se interpreta como blanqueo de dinero al sospechar que procedía de comisiones ilegales.

Pero esa decisión municipal fue recurrida por Salom y los tribunales le dieron la razón. No había lugar a su expediente ni a la suspensión de empleo y sueldo. Es más, había que indemnizarle. Y además, el ayuntamiento anunció casi inmediatamente que no recurriría esta decisión al haber seguido la vía contencioso administrativa, que obliga a poner 30.000 euros para seguir pleiteando, cantidad superior a la indemnización que pedía el asesor.

En consecuencia, Luis Salón debía ser restablecido en su puesto y como él, el resto de los asesores populares, que se dirigieron al consistorio para que actuara en consecuencia. Hoy, por tanto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la restitución de los siete asesores y da por cerrado este capítulo al menos en la vía administrativa y jurídica, que no la política.

Medidas políticas

Fuentes municipales explicaron que el equipo de gobierno ha hecho «todo lo posible» por apartar a estos asesores del ayuntamiento, pero cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, pueden hacer más y expulsarlos del partido y del grupo municipal.

«Estas personas están acusadas de corrupción y el Partido Popular tienen que hacer algo más de lo que ha hecho hasta ahora, que ha sido nada«, dijeron. En su opinión, el expediente abierto en Madrid, la suspensión cautelar de militancia o las palabras de Isabel Bonig solo son un intento de acallar a la opinión pública. Sin embargo, la obligación de los populares «es limpiar las instituciones» y no «mantenerlas igual de sucias que hasta ahora», dijeron.