El Concejal de Hacienda, Ramón Vilar, insistió ayer, con motivo del día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, en la necesidad de la revisión en profundidad tanto de la Ley de Régimen Fiscal de las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, como de aquella otra legislación estatal que hace imposible cobrar los tributos municipales a las entidades religiosas que tienen actividades lucrativas.

Según Vilar, «no se trata de cobrar impuestos a los inmuebles destinados al culto de ninguna confesión religiosa, ni tan siquiera de aquellos que puedan estar destinados directamente a la atención social, sino de aquellos inmuebles que puedan tener un uso residencial o comercial no ligados ni al culto ni a la atención social».

Por otra parte, y en cuanto a la modificación de ordenanzas fiscales, el ayuntamiento, tal como hizo en el año 2016, en que realizó una bajada del tipo de gravamen alrededor del 9% para absorber la actualización catastral del 1.10%, procederá a modificar la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, «con una rebaja en torno al 3'8% de tipo de gravamen que absorba la subida realizada por el ministro Montoro, que para la ciudad de Valencia sería el 1'04%».

Vilar explicó que el «Gobierno de La Nau mantiene su acuerdo de congelar el IBI en su totalidad, ya que la subida planteada por el gobierno del Partido Popular sería de carácter lineal, «afectando en el mismo porcentaje tanto a los valores catastrales más bajos, como a los más altos sin hacer, por otra parte, discriminación de los usos».

El concejal es «partidario, en caso de tener que subir algún tipo de gravamen, de hacerlo de forma selectiva, y que no afecte indiscriminadamente al conjunto de propietarios de inmuebles de la ciudad».