La «Declaración de València», apoyada por alcaldes y concejales de más de 70 ciudades españolas, nació ayer con la intención de sentar un antes y un después en la financiación municipal, exigiendo una mayor capacidad fiscal, la eliminación de restricciones por parte del Gobierno central y una financiación estable que les otorgue la posibilidad de hacer frente a sus competencias.

Y lo hizo con el respaldo de gobiernos locales de todo el espectro político español, con las fuerzas de la «nueva política», y las que estuvieron siempre y han gobernado desde Madrid, como son el PSOE y el PP, presentes ayer con alcaldes destacados como los de Málaga (PP) y Valladolid (PSOE).

Estas Jornadas Municipalistas por una Financiación Justa, que han tenido a Valencia y su alcalde, Joan Ribó, como anfitriones, recibió ayer además el respaldo de la Generalitat con la presencia del president Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, quienes volvieron a incidir en la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y la necesidad de que los ayuntamiento logren una capacidad económica mayor.

Más autonomía fiscal

Así, entre los principales puntos de la declaración, los firmantes exigieron que los sistemas de financiación local deban «combinar la presencia de un espacio fiscal propio con impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y en su caso contribuciones especiales, que permitan a los gobiernos locales ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal» con un conjunto de transferencias «incondicionales » del Gobierno y las Autonomías.

Del mismo modo, pidieron flexibilidad en el número de exenciones, bonificaciones y beneficios fiscales aplicables al IBI, que «erosionen su recaudación». Además, los participantes en las jornadas reclaman una revisión del resto de impuestos para «mejorar su equidad distributiva», sobre todo la del Impuesto sobre Actividades Económicas, y una reforma que coordine las bases fiscales similares utilizadas por las administraciones para los vehículos y las plusvalías inmobiliarias. Incluso piden que se estudie la potestad de establecer recargos en el caso del IRPF.

Entre los puntos más destacados también se encuentra el asunto de la gestión de la Participación en los Ingresos del Estado, sobre la que destacaron las «importantes desviaciones que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios», deteriorando «sus capacidades presupuestarias». Por ello pidieron la revisión de la forma de llevar a cabo esta gestión.

El endeudamiento

Otro de los puntos más relevantes recogido en la declaración es el referido al endeudamiento: «Siempre en el contexto establecido por la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con base al principio de lealtad institucional, las entidades locales tendrán derecho a acceder al endeudamiento como instrumento complementario para la financiación de sus necesidades de inversión, manteniéndose la deuda local en un nivel no inferior al 3% del PIB establecido por la legislación vigente como objetivo a alcanzar en el 2020».

Además, exigen que la Regla de Gasto se aplique únicamente a los ayuntamientos que vulneren los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por último, exigieron que mientras las entidades locales sigan en superávit puedan utilizar ese remanente de forma libre, siempre que no supere los límites en los niveles de morosidad y deuda financiera; una situación que actualmente no se da, y como ejemplo el Ayuntamiento de València, al cual el Gobierno central le impide crear empresas públicas para municipalizar servicios o le crea limitaciones para la contratación de personal.

Para concluir, mostraron su apoyo a la Comisión de Expertos creada para el estudio de la reforma de la financiación local.