«Soy uno de los vuestros». Así quiso ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, mostrar su compromiso con los alcaldes de España reunidos en las jornadas del Palacio de Congresos y con el municipalismo. Puig comenzó recordando a la audiencia que antes de ser president había sido 17 años alcalde de Morella, por lo que comprendía sus problemas.
El president reivindicó la necesidad de eliminar las «barreras legales» que impiden dedicar más recursos a las inversiones de ámbito municipal y reclamó que se ponga «punto final» a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, „conocida como Ley Montoro„ya que según apuntó, perjudica a la «autonomía local del municipalismo español».
Asimismo, el jefe del Consell señaló que esta ley supone un «ejemplo maestro de cómo el frenesí de la austeridad es capaz de erosionar los cimientos democráticos y golpear a la autonomía local». Del mismo modo, hizo hincapié en la necesidad de solicitar para los ayuntamientos una «gran reparación», ya que durante lo peor de la crisis, «la mayor parte del ajuste y del sacrificio recayó sobre estas administraciones locales». Así, destacó que durante los últimos años, las corporaciones locales han contribuido con su superávit a que el conjunto de España «presente mejores resultados ante las instituciones comunitarias».
Puig criticó que este superávit encuentra «barreras legales» que impiden que se pueda utilizarse en políticas de inversión local, de creación de empleo, de fortalecimiento de la recuperación económica o en la reposición de funcionarios. «Ese corsé debe desaparecer y desde la Generalitat apoyamos a los ayuntamientos para que así sea», sentenció. También insistió en que se debe apostar por una «distribución vertical», y no horizontal, del conjunto de los ingresos públicos y de su adecuación a las competencias de cada administración, sobre la base de «estándares objetivos».
«Creo en la cooperación, en la colaboración entre las instituciones, porque al final son de la gente no de los dirigentes que en cada momento están en las instituciones. La patrimonialización de las instituciones contribuye a la desafección política y a la no solución de los problemas», señaló ayer al respecto.
Puig no dejó pasar la ocasión para reclamar una financiación justa: «no se trata de hablar de un trozo de la tarta, se trata de hablar de toda la tarta, es decir, de todos los ingresos del Estado para que, en función de las necesidades, se produzca la distribución».
