Vuelven las denuncias contra las fundaciones y espacios dependientes de la Concejalía de Innovación, una de las áreas de gestión municipal que controla València en Comú. La empresa concesionaria de la cafetería del Centro Cultural Las Naves, gestionado por la Fundación Crea, ha denunciado en un comunicado al gerente de la misma, Rafael Monterde, por «caciquismo, abuso de poder y arbitrariedad» por la rescisión del contrato de gestión del servicio.

Los responsables de la empresa concesionaria (Bluebell Coffee) no escatiman en descalificaciones contra el Govern de la Nau y aseguran que «el cambio de Gobierno no ha inmunizado a la ciudad frente a actitudes propias de quienes entienden la Administración como su propio cortijo». Aluden a las denuncias que han transcendido a los medios de comunicación, la más reciente señalando la expulsión de este espacio de innovación y de los equipos de personas que allí se alojaban porque el personal de la Fundación ha ido ocupando salas y mobiliario. Insomnia o el centro para emprendedores de la Universidad Politécnica han sido, dicen la denunciante, la ubicación alternativa para los equipos que hasta ahora trabajaban en las Naves.

«Bluebell Coffee» se adjudicó por concurso el pasado 22 de junio de 2016 la gestión de la cafetería por un periodo mínimo de un año, que ahora ha caducado y que la fundación ha decidido no prorrogar. El gerente rehusó hacer ayer declaraciones a este diario para aclarar su postura. La empresa concesionaria, que denuncia el menoscabo económico que supone haber asumido la gestión de la cafetería invirtiendo en la renovación de la misma, sin que se haya dejado pasar un periodo razonable para amortizar dicha inversión.

La emprendedora Yolanda Valero, arrendataria hasta ahora de la cafetería, asegura que ha cumplido con todas las obligaciones y ha atendido las directrices del Centro, sin haber recibido queja u objeción verbal o escrita alguna por parte de la dirección. Sin embargo, «el señor Monterde comunicó por burofax hace dos meses la no renovación del contrato. En dicha comunicación no se hace constar motivo alguno de incumplimiento».

La empresaria asegura haber cumplido a rajatabla el pliego y considera injustificada la no renovación del contrato. Asegura además que por su inexperiencia firmó un contrato «abusivo» que ahora se ha vuelto en su contra.

La adjudicataria denuncia además actitudes y e-mails intimidatorios por parte de la gerencia tras la notificación de la rescisión del contrato, como sanciones por abrir la cafetería con 10 minutos de retraso.

Rafael Monterde, director de la Fundación InnDea, aseguraba ayer a Levante-EMV que todo es «falso». Monterde incide en que el contrato era para un año y expira ahora con la concesionaria «incumpliendo varios puntos». «No se trata de un bar privado, es una concesión pública y ha de cumplir una serie de servicios y obligaciones, como el tema de los horarios, o los precios, que no ha hecho», incidía, negando la extorsión. «Ahora volverá a sacarse la licitación. Nosotros hemos respetado en todo momento el marco legal y hemos cumplido, cosa que ellos no han hecho. No hay más que pasarse por allí para ver que lleva cerrado toda la tarde, cuando eso no era lo establecido», defendía.