El suicidio del procurador que presuntamente se había quedado con 1,2 millones de euros de los vecinos de La Punta ha generado un grave conflicto moral entre los mismos, pues se enfrentan a la disyuntiva de seguir el proceso por la vía civil y reclamar la herencia del procurador o actuar de otra manera para no perjudicar los intereses de los dos hijos menores del fallecido, que serían los que se quedarían sin nada en caso de reclamar esos bienes. Es un tema que atormenta a los vecinos en estos días posteriores al luctuoso suceso y un tema que judicialmente debatirán y resolverán la próxima semana en una reunión con su abogado.
Hay que tener en cuenta que Francisco Javier F. acompañó a los vecinos de la Punta expropiados para la creación de la ZAL del puerto prácticamente desde el inicio del proceso, hace ya más de veinte años. Era, por tanto, una persona muy conocida de todos ellos, que se sentían incluso cerca de su familia, a la que habían conocido en este largo, tortuoso y desquiciante proceso.
Doble sorpresa
Lo sorprendente para todos fue que una vez ganado el juicio y cobrados los 1.6 millones de euros que correspondían a los vecinos, en vez de repartirlos entre todos ellos, el procurador solo repartiera unos 380.000 euros y se quedará, presuntamente, con el resto, 1,2 millones. Y más sorprendente aún fue su muerte, que se produjo voluntariamente horas antes de tener que declarar en el juzgado.
De ahí que ahora la conmoción y la confusión sea máxima. La presidenta de la asociación de afectados La Unificadora, Carmen González, cree que una vez extinguida automáticamente la vía penal, seguirán el proceso por la vía civil para recuperar su dinero. Pero eso puede suponer, entre otras cosas, reclamar la herencia del fallecido para compensar el dinero que supuestamente se había quedado. Y si se reclama la herencia, los perjudicados directos serían los dos hijos menores del fallecido, una situación que los vecinos también lamentan.
En definitiva, el conflicto moral está servido. Cualquier opción que adopten es mala, aunque confían en que haya otras fórmulas menos gravosas para las improvisadas partes. De hecho, la semana que viene está previsto que se reunan con el abogado que actualmente les lleva el proceso para ver por dónde continúan. Ahí tratarán de analizar las diferentes posibilidades y otar por la que más les convenga dadas las circunstancias. Lo que parece claro, a juzgar por las palabras de Carmen González, es que el proceso va a seguir adelante. Después de más de veinte años de lucha por el dinero de las expropiaciones, abandonar ahora no es una opción. La cuestión es cómo.
