En el transcurso de poco más de una semana, València se ha despertado con un incendio en las Torres de Quart, tras el cual se abrió el debate de si se debería instalar cámaras de vigilancia para evitar los daños al patrimonio. La Concejalía de Cultura aseguró que «sería interesante» si así lo decidieran las fuerzas de seguridad, responsables de este servicio.
El último movimiento llegó el viernes, cuando una reunión entre representantes del Ayuntamiento de València y de la Generalitat, de las áreas de Cultura y Patrimonio y Protección Ciudadana y Emergencias, debatió las medidas que se deberían tomar teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han perjudicado distintos lugares emblemáticos de València.
El año se cerró con un fuego originado por una «gamberrada» en la puerta románica de la CatedralEn noviembre, los servicios de limpieza contratados por la Concejalía de Cultura eliminaron una pintada en la parte trasera de la Lonja. En octubre, el refugio de la calle Espada sumaba otra gran pintada más a las que habitualmente colorean las gruesas paredes. En septiembre, un lema en rojo «decoraba» la piedra centenaria de las Torres de Quart. Casi un acto vandálico al mes contra un enclave referencia de la ciudad.
Todos estos hechos han llevado a crear una alianza entre el Ayuntamiento y la Generalitat por la que solicitarán a la Delegación de Gobierno la valoración e instalación de cámaras de videovigilancia, pensadas para cuidar el centro histórico y los edificios catalogados como Bien de Interés Cultural.
Patrimonio bien vigilado
Desde la Concejalía de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato aseguraba que no se han incrementado estos ataques en 2017, confirmado además por los datos que arrojó la Unidad de Patrimonio de la Policía Autonómica.
Sin embargo, desde el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural apuntaron que a lo largo del año pasado se han llevado a cabo entre 30 y 40 ataques. Entre estos datos recopilados por la organización, César Guardeño indica que «no se contabilizan los jardines y edificios particulares de Ciutat Vella».
Guardeño asegura que desde la asociación celebran que el ayuntamiento «haya cambiado el discurso». Ahora, la posición municipal comulga con lo que esta asociación lleva reclamando desde 2013, cuando empezaron su batalla por la instalación de cámaras en el Jardín del Túria para evitar que se dañaran los puentes.
El ayuntamiento las instaló en octubre de 2016 tras varios años esperando el visto bueno de Delegación de Gobierno y las exigencias de la Comisión de Videovigilancia, y alegaron también motivos de seguridad ciudadana en el cauce. Guardeño considera que la vigilancia tiene que ir de la mano de un fuerte trabajo de educación, además de las sanciones económicas.
«La gran parte de pintadas están realizadas por niños y adolescentes que no conocen el valor de los monumentos que están dañando», lamenta. Para eliminarlas, la concejalía tiene contratado un servicio de limpieza que actúa en un margen de 24 horas desde que reciben el aviso de que se ha producido una pintada en la ciudad.
Julia Martínez, gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, se muestra más que a favor de esta iniciativa. Según relata, llevan más de ocho años con la idea encima de la mesa, y han pedido en numerosas ocasiones que se iniciaran los trámites que conllevan mucho tiempo de gestionar. Lo afirma con rotundidad porque conoce el caso de otras ciudades como Barcelona, con cámaras en las calles desde las Olimpiadas en 1992, o Madrid, que las utiliza en calles conflictivas. Incluso en Málaga, afirma, están instaladas en la vía más comercial de la ciudad.
Martínez apuesta por situarlas no solo en lugares históricos, sino en ejes comerciales de gran afluencia comercial y turística, como la calle la Paz o la Plaza Redonda. «En los interiores de los comercios, la gran mayoría de los asociados tienen cámaras, pero de puertas para afuera se producen continuos hurtos o vandalismo contra los escaparates y fachadas», explica Julia. De hecho, expone que cuando se produce algún caso de billetes falsos o robos, son los propios comercios los que suministran los vídeos a la policía para su investigación.
«Es un despropósito», sentencia Toni Cassola, de la asociación de vecinos Amics del Carme. Para este vecino del barrio, la seguridad de los monumentos choca con el derecho a la intimidad de los viandantes. «Es una decisión que tendría que meditarse mucho», y cree que el ayuntamiento tomó la decisión «en caliente» tras los últimos altercados en Ciutat Vella. Para Cassola «se está frivolizando con el problema y se utilizan medios desproporcionados». Los vecinos piden más debate que, bien es seguro, se tendrá en los próximos meses.
