Si para, por ejemplo, una venta de entradas de un evento deportivo hay colas kilométricas, que familias con recursos limitados tengan a su alcance la posibilidad de percibir unas ayudas que alivien su situación, la Renta Valenciana de Inclusión, podría haber provocado un verdadero caos.

Sin embargo, el análisis de las dos primeras jornadas de trámites hablan de una afluencia bastante grande y, en toco caso, alguna situación de más caos. Aquellos que acudan a iniciar los trámites saben que no es un proceso rápido pero que, seguro, vale la pena. Ayer, por ejemplo, el centro Salvador Allende tenía completamente llena la sala de admisión. En otros centros como Quatre Carreres se denunciaba que las colas habían empezado a las ocho de la mañana y que faltaban impresos a las diez y media.

El primer día se saldó con 1041 peticiones, que supondría ya el diez por ciento del cálculo medio de personas que se verán beneficiadas. Aunque, obviamente, falta conocer qué porcentaje de peticiones pasan la primera criba.

Con todo, el proceso ha comenzado y desde el ayuntamiento se recuerda que es un proceso que no finaliza, que estará en servicio de forma permanente.

Más aún, la concejala Isabel Lozano insistió en «procurar tener claro de antemano que se pertenece a alguno de los grupos susceptibles de ser beneficiarios de las ayudas». Para ello, hay que recordar, se han habilitado equipos especiales en el 010 y 012 para evacuar consultas. No en vano, la solicitud no es fácil. Son muchos los documentos a presentar y rellenar que necesitan de mucho asesoramiento.

Por eso, Lozano aseguraba que «se ha procurado reforzar los centros sociales ante lo que sabíamos que iba a venir». En cualquier caso, el principal motivo para empezar pronto es la posibilidad de cobrar inmediatamente. Los «sueldos» se percibirán desde el día 1 de mayo en el caso de darse el visto bueno a la solicitud. Que no quiere decir que se vayan a cobrar ese día, puesto que primero tiene que pasar el examen técnico.

Como cuestión preliminar se recuerda que los beneficiarios deben ser personas mayores de 25 años (salvo algunas excepciones), un empadronamiento o residencia efectiva en la Comunitat Valenciana el último año o cinco de los últimos diez de todas las personas beneficiarias y, por supuesto, no disponer de recursos económicos ni bienes que indiquen que se disponen de recursos económicos que invalidarían la petición.