Lo fija la ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado: «quedan sometidos a los preceptos» de la misma «edificios, industrias o explotaciones» con el fin último de «proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico tanto para el hombre como para sus recursos naturales», entre ellos las playas, algunas de las cuales han sido cerradas este verano por este motivo. No obstante, son varios los edificios en la ciudad de València que permanecen desconectados de la red de alcantarillado municipal, sin que, hasta la fecha, ninguna administración advirtiera de este hecho, que no en pocas ocasiones ha ocasionado problemas con el vertido de aguas fecales a las acequias destinadas al riego de la huerta. «No es un tema fácil de tratar, tampoco los vecinos lo recibirán con los brazos abiertos, y el anterior gobierno prefirió no meterse en camisas de once varas -refiere la concejala del Ciclo Integral del Agua Elisa Valía- pero es un tema importante que debemos, y quiero, tratar».
La cuestión es determinar cuáles son las viviendas que, sin hacerlo de manera intencionada, están vertiendo este tipo de residuos fuera del alcantarillado, generalmente a las acequias. La concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, quiere ahora poner en marcha una inspección para hallar cuáles son estos edificios. Su intención es poner en marcha la inspección con el inicio del curso escolar. Será en septiembre cuando los técnicos del consistorio comiencen, por tanto, a descartar los edificios que están adaptados a la normativa. El coste medio para adherirse a la infraestructura municipal, con 1.270 kilómetros de colectores, rondará los 15.000 euros por cada comunidad de vecinos. «No es un precio elevado, teniendo en cuenta que son varias las puertas del edificio y que, además, pueden solicitar la ayuda de la Generalitat para la reforma de viviendas», dice Valía.
No obstante, para evitar un colapso de las peticiones en la adscripción a la red, Valía planea hacer primero un examen por zonas. Es en Ciutat Vella donde pondrá el foco, ya que sospecha que es en este distrito donde habrá una mayor acumulación de edificios ajenos a la normativa, dado que es en esta zona (así como en los cascos históricos de barrios como Patraix) donde hay una mayor concentración de edificios antiguos.
Valía explica que fue a partir de los años 80 cuando se oficializó la obligatoriedad en València de que todos los edificios se conectasen a la red de alcantarillado y evitar, así, residuos fecales en las acequias y la contaminación de las aguas. Es por ello que conforme crecía la edificación en la ciudad, la gran mayoría de los edificios fueron adscribiéndose a la normativa. No ocurrió lo mismo con los más antiguos que, por desconocimiento o incumplimiento de la normativa, desoyeron la ordenanza y continuaron vertiendo las aguas fecales en las acequias de forma irregular. Es por ello que el cribado se centrará en los edificios anteriores a este año en los que, además, se observe la carencia de la alcantarilla de colector público en la salida del edificio. Asimismo, desde la concejalía redactarán un informe con las peticiones realizadas en los últimos años por las comunidades de vecinos para la adscripción a la red de saneamiento. Una inspección que jugará al descarte y que dará a las comunidades de vecinos un plazo mínimo de entre cuatro y cinco meses para iniciar los trámites necesarios. «Mi idea no es empezar a imponer multas, sino hacer primero una campaña de concienciación, dar un plazo amplio para que los vecinos puedan adscribirse al sistema y solo en caso de que no cumplan con la ordenanza, imponer la sanciones correspondientes», explica.
