La decisión del alcalde, Joan Ribó, «es un paso que nos aleja de un urbanismo caduco y especulativo, pero todavía queda camino», apuntaron fuentes de la plataforma que ha encargado un nuevo informe jurídico al despacho El Rogle en línea con el que hizo la Universitat de València, que consideraba viable la reversión cuantificándola en 11 millones, y anuncia, además, un proceso de participación ciudadana.
