Todos los grupos municipales con representación en el Consejo de Administración de la EMT excepto Compromís pretenden que se destituya al gerente de la compañía Josep Enric García, y a su segunda, la jefa de Gestión María Rayón, como responsables indirectos del fraude de los 4 millones que sufrió la firma hace un año. Se acerca el cierre de la comisión de investigación sobre este robo y el informe preliminar de conclusiones centra las responsabilidades político-administrativas en estos dos directivos. Los socialistas habrían planteado a Compromís la posibilidad de que el gerente pueda marcharse por sí mismo y facilitarle una salida mejor. Antes incluso de que se dé a conocer el informe preliminar. De hecho parece que la coalición liderada por Joan Ribó valora en estos días esta opción puesta sobre la mesa. Por ello, no se descarta que en los próximos días, al menos García, pueda renunciar ante la presión política del Consejo de Administración. Según ha podido comprobar Levante-EMV, en este momento, ambos directivos solo cuentan con el respaldo de Compromís -que tiene 3 consejeros en la empresa- y del propio presidente y concejal Giuseppe Grezzi. El resto de consejeros -2 del PSOE, 1 de Ciudadanos, 1 de Vox y 2 del PP- son partidarios de destituir a estos dos altos cargos. En los próximos días, Giuseppe Grezzi, Lucía Beamud y Pilar Soriano(Compromís); Narciso Estellés (Cs), Carlos Mundina y Marta Torrado (PP); y Vicente Montáñez (Vox) esperan que la presidenta de la comisión, la socialista Elisa Valía, les envíe su borrador con su veredicto previo sobre lo ocurrido en el fraude de los 4 millones.
En algún caso, ya ha habido contactos entre consejeros de distinto signo político para ir trabajando en un informe de conclusiones que suscite la mayor cantidad de apoyos en una hipotética votación. Aunque, en este informe final se permitirán votos particulares para que cada cual pueda mostrar su disconformidad. Mientras, Grezzi volvió a ratificar en público a García la semana pasada en una rueda de prensa. Por su parte, el vicealcalde Sergi Campillo, en una entrevista publicada por este diario defendió la gestión de Grezzi y García, y circunscribió las responsabilidades de lo ocurrido a los estafadores, a la empleada despedida y al banco. Tanto los socialistas, aliados en el Govern del Rialto de Compromís, como el resto de fuerzas políticas, entienden que la ausencia de una adecuada política de personal del departamento objeto de la estafa así como los fallos en los protocolos de seguridad internos de la empresa o la deficitaria conciliación bancaria, son argumentos de sobra, para justificar la destitución de ambos directivos. En el caso del PSPV, «el cortafuegos» a la hora de pedir responsabilidades lo ponen en el concejal Giuseppe Grezzi al que exonerarían de entregar su acta. En cambio, Ciudadanos, PP y Vox entienden que hay responsabilidad técnico-políticas, que deben asumir García y Rayón, y las políticas que llegan a Grezzi para el que piden su cese, y hasta el propio Joan Ribó, por no hacer destituido a su concejal y a los directivos. Además, las presuntas contradicciones del gerente y la jefa de Gestión entre lo dicho en sus declaraciones ante la Comisión de la Investigación y lo declarado en el juzgado que lleva la investigación del robo en València, han exacerbado más si cabe a los consejeros de la oposición, que se sienten ninguneados y engañados.
