El president de la Generalitat, Ximo Puig, insistió anoche en que en estos momentos no se dan las condiciones para renovar la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla como pretende el Valencia CF. Durante una entrevista en À Punt con motivo del segundo aniversario del Botànic II, Puig recordó que el club no ha presentado ninguna documentación que justifique los sucesivos incumplimientos fijados en dicha actuación y que, por tanto, ésta decaería en las actuales circunstancias
Los socios del Botànic, PSPV y Compromís, acordaron el pasado jueves tomar una decisión conjunta, que será la postura global del Consell, sobre la prórroga de la ATE. En una reunión, de carácter informal, celebrada entre el president del Consell y los consellers de Economía Sostenible, Rafael Climent (Compromís), y de Política Territorial, Arcadi España (PSPV), se abordó la solicitud planteada por el club de Peter Lim.
De entrada, las posturas están encontradas. Climent, a falta de los informes definitivos de los técnicos, parece inclinarse por conceder la prórroga aunque imponiendo una serie de sanciones a la propiedad. Mientras, el conseller España no es partidario de esta opción porque la sociedad anónima deportiva no ha presentado suficientes garantías de que efectivamente vaya a cumplir con sus obligaciones: vender las parcelas del viejo Mestalla, acabar el nuevo estadio y construir el polideportivo de Benicalap.
Fuentes de Política Territorial confirmaron que su postura sobre la ATE de Mestalla «no ha cambiado». Consideran que el escrito del Valencia CF presentado ante la Generalitat es «insuficiente». Además, ese departamento está elaborando los informes sobre esta cuestión. Antes de que Economía Sostenible decida sobre la caducidad de la operación urbanística, Política Territorial tiene que informar sobre la misma. Y aún se está valorando la Fase I, y falta la Fase II, subrayaron las mismas fuentes.
Desde Economía Sostenible, por su parte, subrayaron que tras el encuentro tratarían de avanzar en «una solución más política» para resolver en un sentido u otro la caducidad de la operación urbanística, una vez se tengan los informes de ambas conselleries. En todo caso, el Consell del Botànic tomará «una decisión conjunta y compartida por todos sus miembros», una vez se oiga a los técnicos, y siempre «con el estricto cumplimiento de la ley y poniendo la defensa del interés general por delante de todo», señalaron las fuentes consultadas.
