La Agencia Antifraude ha emitido un escrito de recomendaciones dirigido al Ayuntamiento de València tras finalizar su investigación sobre el contrato de la grúa , que desempeña en la actualidad la firma Pavapark-Auplasa. Si bien la institución dirigida por Antoni Llinares descarta que estemos ante un caso de corrupción, sí que ha dado 3 meses al consistorio para que proceda a «adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación jurídica de la prestación del servicio». Antifraude ordena al ayuntamiento que termine con «la actual situación, de prestación del servicio sin cobertura contractual». Además, la agencia autonómica cifra en 614.501,85 euros los beneficios extraordinarios que ha obtenido la firma que presta el servicio, desde 2017 y dentro de un período «transitorio», que la administración local ya debería haber resuelto para convocar si procede un nuevo concurso y contratar a otra adjudicataria. El argumentario de Antifraude concluye que el consistorio está pagando por encima de lo que debería por este servicio. Tanto que recomienda que se revise de forma periódica y con un período máximo de 6 meses el precio al que debe pagarse a la grúa municipal, en función de los costes reales, la prestación y las necesidades del contrato. El ente autonómico insta también a modificar las condiciones económicas de esta prestación, desde noviembre de 2017, porque la propia contabilidad de la mercantil demuestra que hay una minoración de costes en el servicio y un aumento de los beneficios.

Por su parte, el Ayuntamiento de València ya ha licitado la nueva grúa municipal por un montante de 9,5 millones más IVA. Hace 9 meses ninguna empresa pujó y por eso se ha aumentado la dotación.