El Grupo Popular ha presentado una moción al pleno, que se celebrará este jueves, para que se suspendan las multas por circular en la APR (Área de Prioridad Residencial) de Ciutat Vella Nord hasta llegar a un consenso con vecinos, comerciantes y comisiones falleras. La realidad es que las supuestas campañas informativas "no han funcionado pues en 9 meses se han impuesto más de 107.000 sanciones a vecinos por circular por Ciutat Vella sin autorización, ello ha supuesto una recaudación de más de 1,2 millones de euros", subrayan fuentes del PP.
En los meses de verano se han impuestos 40.000 multas, un 56% más en sólo dos meses, recuerdan los populares. Sólo en la cámara ubicada en la calle Corona se han puesto más de 27.549 multas, siendo una zona claramente residencial. Y en la ubicada en la calle María Cristina, lejos de evolucionar de una manera decreciente, han incrementado desde julio en más de un 600%.
El concejal del PP Carlos Mundina alerta que ni han funcionado las campañas ni se ha consensuado la medida. "Las cifras de multas impuestas ponen en evidencia que no ha existido información y que la medida sólo responde a seguir haciendo caja por parte del Gobierno de Compromís y PSOE, que además de imponer esta prohibición de circular por Ciutat Vella sin consenso también ha incrementado las franjas de pago por aparcar en las zonas azules y naranjas, ahora se paga de 14 a 16 horas y una hora más por la noche de 10 a 21 horas", lamenta.
Mundina asegura que en estos momentos con la cesta de la compra desbocada y la vuelta al colegio más cara de la historia “es tiempo de rebajas fiscales, pero el alcalde Ribó sigue queriendo hacer caja para seguir regando con ayudas a los grupos catalanistas que han recibido cerca de un millón de euros en subvenciones a dedo” .
La moción del PP reclama que se suspenda la aplicación del régimen sancionador regulado en el APR de Ciutat Vella Nord, "que entró en vigor el pasado 1 de diciembre de 2021, hasta que se alcance un consenso con residentes, comerciantes, hosteleros, profesionales, centros educativos y entidades culturales y festivas del barrio”.
Asimismo en la moción del PP se pide que no se tramiten, se anulen y se dejen sin efecto "las sanciones impuestas desde el pasado 1 de diciembre hasta la fecha”, y añade la moción que se habilite por el Ayuntamiento de València "una oficina de reclamaciones, que sirva, para que desde el consenso y el acuerdo de todas las personas y colectivos afectados por la implantación de la APR de Ciutat Vella Nord, se arbitren soluciones para favorecer la obtención de autorizaciones a todas las personas y colectivos que tienen necesidad de acceder al mismo, así como se contemplen las demandas de residentes, comerciantes, profesionales y hosteleros respecto a las condiciones de aplicación y ordenación de la movilidad en la misma”.
Los populares recuerdan en su moción que el artículo 20 de la Ordenanza de Movilidad, en su apartado segundo establece los objetivos que debe cumplir la implantación de una APR, sin embargo, dicha implantación en el área geográfica denominada “Ciutat Vella Nord”, dista mucho de cumplir los objetivos recogidos en el citado precepto, toda vez que ni con anterioridad a su implantación ni actualmente se han establecido medidas para medir y controlar las emisiones de contaminación acústica y/o atmosférica del área, y tampoco está previsto la realización de estudios sobre esta materia para comprobar la incidencia de esta medida en los diversos registros que miden los índices de contaminación acústica y atmosférica por el tránsito de vehículos”.
Además, “no ordena adecuadamente ni mejora la movilidad en dicho ámbito al haber creado recorridos como los denominados “bucles” que penalizan y perjudican la accesibilidad de los propios residentes, así como de los comerciantes y titulares de actividades económicas que desarrollan su negocio en el interior de la APR”.
El PP afirma que la oposición y el cuestionamiento de la aplicación de la APR “Ciutat Vella Nord” es "unánime, desde residentes a colectivos festivos radicados en el ámbito, desde profesores a padres de alumnos y desde comerciantes y hosteleros a proveedores de servicios, todos coinciden que el momento elegido no es el más oportuno, las condiciones de su aplicación dejan fuera a muchas personas y colectivos de poder acceder a la APR, la complejidad y la procelosa tramitación de las autorizaciones dificulta su obtención, y si a todas estas circunstancias unimos la falta absoluta de acuerdo y consenso, lo que se ha conseguido es el efecto contrario, esto es el rechazo”.
