La Autoridad Portuaria de València (APV) se reunió ayer con las empresas concesionarias de la Marina de València ubicadas en suelo de dominio público marítimo-terrestre para comunicarles que a partir del 1 de enero de 2023, como consecuencia de la liquidación del Consorcio València 2007 y a la espera de que el Gobierno traspase la propiedad de la Marina a la Generalitat y al Ayuntamiento de València, asume la gestión del que pasa por ser el principal polo de desarrollo de la ciudad. El puerto, propietario de gran parte del suelo y la lámina de agua de la Marina de València, toma así las riendas de las concesiones ubicadas en terrenos de su propiedad, entre ellas las bases deportivas, la estación marítima y los locales de restauración. El Ayuntamiento de València solo es propietario de los Docks y los tinglados 2, 4 y 5, todos aún sin uso.
Las empresas concesionarias deben presentar ahora una solicitud de concesión ante la APV (Valenciaport), un trámite en el que el puerto se ha comprometido a dar la mayor agilidad posible.
Mensaje de tranquilidad
La entidad ha dado a las empresas concesionarias, convocada a instancias del equipo directivo del consorcio «en funciones», tranquilidad sobre la continuidad de los contratos. Se trata, han explicado en la APV, de dar «seguridad jurídica» a las concesiones en espera de que se forme un nuevo órgano de gestión. Carmen García Vilar, jefa de Territorio de la Autoridad Portuaria, ha sido la responsable de informar a las empresas de la Marina de que a partir del 1 de enero quedan bajo el paraguas de Valenciaport. García Vilar les explicó cómo funcionan las concesiones portuarias, aunque a priori a todas se les garantizan las condiciones tanto de duración como económicas (canon) actuales. Cada uno tiene su tiempo y el canon no varía.
Aunque el mensaje a las concesiones ha sido de tranquilidad, también se les ha informado de que se trata de un periodo transitorio en espera de la decisión que finalmente adopten tanto el Gobierno como la Generalitat y el ayuntamiento. Sobre el futuro del personal del Consorcio, las fuentes no aclararon qué pasará con ellos a partir del 1 de enero.
Con esta decisión de la Autoridad Portuaria, la gestión de la Marina, punto de mayor proyección de la ciudad en materia comercial, náutica y de innovación, queda fuera del control de la ciudad. Una vez condonada la deuda de 370 millones por parte del Gobierno y la retirada de éste del Consorcio, este órgano gestor está en liquidación para formar uno nuevo en el que estarán la Generalitat, el Ayuntamiento de València y está por ver si el puerto. Y en cualquier caso, el Gobierno debe traspasar la propiedad de la Marina a las administraciones valencianas: la parte de tierra al ayuntamiento y la lámina de agua a la Generalitat, que quiere construir allí un puerto autonómico. Mientras todo eso no se hace, el puerto asume la gestión.
La portavoz del PP, María José Catalá, aseguró ayer que «el gobierno de Ribó y PSOE lleva ocho años sin saber qué hacer con la Marina de Valencia y ahora, por la falta de gestión, planificación y trabajo de Ribó, el Ayuntamiento pierde la gestión de toda la zona de dominio público portuario donde hay empresas de primer nivel y muchas zonas de restauración».
«Lo que hemos conocido hoy acredita un nuevo fracaso de Ribó, que lleva dos años sin ponerse a trabajar en una solución jurídica al Consorcio y el resultado es que València vuelve a perder capacidad de decisión en los ámbitos de poder», dijo.
