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València

Ribó ignora al Síndic de Greuges y no cambiará el reglamento de las cámaras de Ciutat Vella

Una entidad ciudadana exige al consistorio que devuelva el dinero a los vecinos multados por la APR

Un usuario de patinete accede al Área de Prioridad Residencial. Miguel Angel Montesinos

El Ayuntamiento de València ha ignorado el varapalo que le dio el Síndic de Greuges Ángel Luna para cambiar el reglamento del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella. El consistorio, en concreto la concejalía de Movilidad Sostenible, ha contestado a la entidad ciudadana que elevó la queja contra las cámaras en el centro histórico que no es posible atender su reclamación, con un informe del departamento de Giuseppe Grezzi que no entra en el fondo de la cuestión ni valora la recomendación del Alto Comisionado de les Corts.

Mientras, este colectivo cívico, Acicom Associació Ciutadania i Comunicació reclama que se proceda "a resolver o reparar los efectos inadecuados generados". En concreto, el presidente de honor de esta asociación Josep Ignasi Pastor, solicita que automáticamente se conceda "el permiso de acceso a todas las personas que tengan el impuesto de circulación al día, que se proceda a anular cualquier tipo de sanción por acceder a la zona APR sin permiso para estos vehículos -los de vecinos empadronados en Ciutat Vella Nord que haya pagado el IVTM- y que se proceda a devolver las cantidades de las sanciones ya cobradas" de forma indebida a los residentes que cumplen estos requisitos avalados por el Síndic.

Josep Ignasi Pastor, presidente de honor de Acicom, exige que se anulen las multas "por acceder a la zona APR para vehículos de vecinos que hayan pagado el impuesto de circulación y que se devuelvan las cantidades de las sanciones ya cobradas".

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Y es que la recomendación del Alto Comisionado de les Corts podría sentar un precedente legal para que los vecinos de la zona, que tienen pagado su impuesto de circulación y están empadronados en el barrio, podrían irse al juzgado para que se les devuelva el dinero de las multas que les han impuesto y también para pedir daños y perjuicios, en opinión de Josep Ignasi Pastor.

Como publicó Levante-EMV, lo fundamental de esta reprimenda del Síndic de Greuges al gobierno municipal encabezado por Joan Ribó reside en lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 39/2015 que habilita a los propietarios con vehículos censados en Ciutat Vella y que pagan el impuesto de circulación en València para que se les dé de alta directamente en la plataforma habilitada por Movilidad para tramitar los permisos para acceder a la zona cerrada al tráfico parcialmente.

Es decir, estas personas no deberían haberse molestado en hacer los trámites para darse de alta ya que es una obligación de la administración -el ayuntamiento- y de las administraciones implicadas -la DGT, entre otras- dar respuesta al ciudadano directamente e incorporarlas a la base de datos municipal para que puedan circular por Ciutat Vella Nord sin problemas, y sin ser multadas. Por tanto, deberían tener ya de oficio sus permisos concedidos y para circular por la zona restringida al tráfico.

Un vehículo accede a la zona restringida al tráfico. Miguel Angel Montesinos

Ante la resolución del Síndic, que ordenaba modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local y la normativa que regula la APR, el ayuntamiento y la concejalía de Giuseppe Grezzi siguen haciendo oídos sordos. Como única respuesta a Acicom se le ha hecho llegar un escrito de respuesta a esta entidad que concluye: "la gran dificultad de impulsar la inscripción de oficio de las matrículas de vehículos que figuran en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en la base de datos del APR Ciutat Vella Nord, a la vista de lo informado por la Oficina del Delegado de Protección de Datos". Además, se argumenta un supuesto problema relacionado con la confidencialidad y la protección de datos, que impediría autorizar a los residentes del centro histórico a acceder a esta zona de tráfico restringido.

Así, la Oficina del Delegado de Protección de Datos argumenta: "recuerden las implicaciones prácticas que la confidencialidad de los datos supone (5RGPD). De modo que, la consulta, verificación, traslado de los datos –fueran los que fueran- incluso dentro del mismo Ayuntamiento no puede resultar general e incondicionada.” Por ende, "... no puede dejar de mencionarse que el uso solo de esos datos para nutrir el registro podría presentar problemas de calidad o de la práctica de otros reconocimientos de derechos personales sobre la APR que no se haya previsto de forma coordinada. Por ejemplo, en la medida que puedan haber divergencias de actualización de domicilios asociados a la tributación. O, por ejemplo, que se interese el reconocimiento del derecho a favor de ese vehículo pero por otros motivos y con base en otros casos.

El presidente de honor de Acicom Josep Ignasi Pastor, tras recibir como única contestación a sus reivindicaciones este informe de Movilidad, después de 10 meses sin respuesta, desde diciembre de 2021 a octubre de 2022, ha vuelto a notificar al Síndic que el ayuntamiento no ha atendido su resolución y ha enviado un escrito a la Oficina de Quejas y Sugerencias en la que reclama que se modifiquen los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, por los cuales se regulan los requisitos, condiciones y procedimientos para el acceso a la APR Ciutat Vella Norte, de fechas 27/11/2020 y de 08/10/2021, tal como exigió el Síndic de Greuges.

Además, Pastor insta al ayuntamiento a que sea analizada "la repercusión que ha tenido esta decisión errónea respecto a los permisos otorgados, solicitando esa información; así como el número de vehículos que están al corriente del IVTM que no tienen todavía permiso, las sanciones interpuestas en general, así como el detalle de qué sanciones se han impuesto a vehículos que tienen el impuesto de circulación al corriente, la relación de sanciones aplicadas por no tener permiso de acceso desde la activación de las cámaras y diferenciadas por lugar de acceso al APR".

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