El gobierno municipal declarará toda la ciudad como "zona tensionada" para regular los alquileres
PSPV y Compromís ven en la ley aprobada por el Gobierno central una oportunidad de bajar los precios de la vivienda
La vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha anunciado que si gana las elecciones aplicará la Ley de Vivienda en toda la ciudad para limitar el aumento del precio de los alquileres, tras la aprobación de esta ley por el Gobierno de España. “Es una ley muy necesaria para ayuntamientos de ciudades como València que estamos sufriendo un aumento del precio de la vivienda y que necesitamos herramientas que nos ayuden a frenar este fenómeno”, ha expuesto
Gómez ha reivindicado que el PSOE es el partido que “garantiza el derecho a una vivienda digna y asequible”. Así, ha puesto en valor que gracias al Gobierno de España “vamos a poder controlar y limitar los precios de los alquileres que estaban absolutamente disparados en algunas zonas y evitar el efecto contagio en otra”. Para ello, ha anunciado que propondrá que “el conjunto de la ciudad se declare zona tensionada”.
Petición a la Generalitat
En la misma línea, el alcalde de València y candidato por Compromís a la reelección, Joan Ribó, ha anunciado que la coalición valencianista pedirá a la Conselleria competente que declare toda la ciudad como zona tensionada por los incrementos de los precios de alquiler de viviendas, lo que permitirá aplicar la nueva ley que regula el acceso a la vivienda con una serie de medidas para evitar burbujas de precios.
“Lo pedimos porque el precio ha subido mucho en toda la ciudad y queremos que se controle más aún una cuestión que afecta mucho en la subida de los precios de alquiler, como son los apartamentos turísticos”, ha explicado Ribó, que ha recordado que en la práctica totalidad del término municipal se dan las condiciones para poder delimitar las zonas tensionadas, como los incrementos de precios por encima de un 5 por ciento sobre las variaciones del IPC o que las cuotas de alquiler supongan más de un 30 % de los ingresos familiares.
Esas restricciones supondrían una reducción del precio del alquiler que se incentivaría con deducciones fiscales para las personas propietarias y permitirían facilitar el acceso a la vivienda, un derecho que el alcalde considera fundamental y que será una propuesta angular del programa electoral de Compromís per València.
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