El juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro de Valencia ha reconocido el derecho de unos propietarios de suelo en Rafelbunyol a percibir cerca de 1,5 millones de euros del ayuntamiento en concepto de liquidación, por el desarrolló de un proyecto urbanístico en la unidad de ejecución número 2, que se desarrolló a finales de los años 90.
La sentencia, que ha hecho pública Coalición Valenciana de Rafelbunyol, anula la reparcelación aprobada en 1999, que modificaba una anterior, y un decreto de alcaldía de 2008 por el que se realizó una revisión de los precios. El juez ha estimado el peritaje judicial que reconoce a los recurrentes el derecho a ser «indemnizados» con 1.443.092 euros.
El recurso es el segundo proceso que emprendieron los dueños de unas naves en la unidad de ejecución. Tal y como recuerda la presente sentencia, tras aprobarse el PAI, estos propietarios acudieron al juzgado de Massamagrell, lo que dio lugar a diligencias previas «donde resultó acreditado la falsedad de la firma del documento que fue de base para que se considerara que existía una aportación de parcelas a la reparcelación». Esta sentencia, que ratificó el Tribunal Superior de Justicia, obligó al consistorio a tramitar una revisión extraordinaria de las condiciones de pago. Fruto de aquel proceso, se dictó en abril de 2007 un decreto que recogía la obligación de los dueños de pagar casi 50.000 euros y, tras sus alegaciones, se dictó otro decreto.
Finalmente, el recurso que ahora se ha resuelto iba contra ambos decretos y contra el proyecto de reparcelación de 1999, que anuló el que en 1997 se había sometido a exposición pública. Los propietarios de las naves entendieron que el cambio causaba un grave perjuicio a sus intereses.
El peritaje judicial calcula los excesos de adjudicación en 39.756’77 euros y dictamina que el suelo otorgado como edificable «no se aprovechable por un edificio con fachada» a una de las calles, por lo que lo valora en 47.660,77. Dado que el valor de suelo urbanizado en 2006 lo fija en 2.668’27 euros por metro cuadrado, estima que los demandantes tienen derecho a percibir 1.443.092 euros. La sentencia fue notificada a las partes el 25 de noviembre y, hace días, los beneficiarios tramitaron un escrito en el que piden que ese habiliten fondos en el presupuesto de 2011 para pagarles.
CVa pide que dimita García
A raíz de la sentencia, el cabeza de lista para las municipales de Coalición Valenciana (CVa), Alfonso Grande Dámaso, opina que el fallo «no hace más que demostrar el caciquismo del alcalde al ejercer sus funciones». Desde este partido se recuerda que la sentencia se suma a otra reciente que condenaba a pagar al consistorio 559.552 euros, como publicó Levante-EMV, y que sumadas ambas al endeudamiento municipal de nueve millones, «hace un total de casi 12 millones lo que lleva al ayuntamiento al borde de la quiebra técnica». Desde Coalición Valenciana se exige al alcalde, Jaime García que «dimita ipso facto» porque «la situación no puede esperar a las elecciones».
El Bloc insta al alcalde a que se replantee volver a presentarse a las elecciones de 2011
El Bloc de Rafelbunyol solicitó ayer por registro una copia de la sentencia y el acceso al expediente completo para determinar «cómo se ha llegado a una situación tan grave». El concejal Enric Carbonell recordó que, desde la primera sentencia sobre el caso, cada vez que ha preguntado en los plenos, el gobierno local del Partido Popular «decía que el asunto no competía al ayuntamiento sino que eran los diversos propietarios de los terrenos los que tenían que ponerse de acuerdo». Carbonell incide además en que en el último pleno no se dio cuenta de esta sentencia y se muestra «muy preocupado» sobre cómo afectará a las arcas municipales, tras la otra sentencia reciente y el endeudamiento de nueve millones de euros. El Bloc considera que Jaime García «debería plantearse seriamente no volver a presentarse a las elecciones» y no descarta otras acciones futuras. l. s. rafelbunyol
