Tres años después de suspenderse el primer juicio y tras diecisiete de la supuesta ilegalidad urbanística, el exalcalde de la Vall de Laguar, Juan José Puchol, del PSPV, se sentará el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante. Desde la primera vista frustrada, en marzo de 2009, algunas cosas han cambiado. Entonces Puchol todavía era alcalde. En junio de ese mismo año, una moción de censura, presentada por el PP y un tránsfuga de Esquerra Republicana, lo desalojó del cargo. La acusación a la que se enfrenta el exmunícipe sí que es la misma: la fiscalía pide ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito de falsedad y otro de falsificación de documento oficial. También reclama otros 12 años de inhabilitación por un tercer delito contra la ordenación del territorio. Puchol fue alcalde de la Vall de Laguar, un pueblo de 961 habitantes, durante 14 años. Siempre ha proclamado su inocencia y ha atribuido la denuncia a motivos políticos.

Tras la primera suspensión, que fue a petición de la acusación particular porque faltaba un documento urbanístico, el juicio se volvió a señalar para mayo de 2010. Pero tampoco se celebró entonces porque ese documento, que era una de las principales pruebas contra el exmunícipe, seguía sin aparecer.

El fiscal, en su escrito de acusación, señalaba que en octubre de 1995, Puchol, que hacía poco que había llegado a la alcaldía (entonces bajo las siglas de EU), envió a la Dirección General de Urbanismo una documentación en la que pedía cambios en el planeamiento urbanístico. Esa petición era en nombre de la corporación, pero las modificaciones urbanísticas no se habían aprobado en pleno. El ministerio público advertía de que se eliminaba un vial que pasaba por un terreno del propio Puchol y se grafiaba otro por encima de la vivienda, garaje y naves de Juan Lorenzo Puchol, "con quien (el entonces alcalde) tiene una enemistad manifiesta". El fiscal precisaba que para justificar esos cambios el munícipe envió un plano de una modificación de las Normas Subsidiarias que no se correspondía con la aprobada provisionalmente por el pleno. También indica la fiscalía que Puchol, "con absoluto desprecio" de la normativa urbanística, dio varias licencias, entre ellas una en la Casota que es una zona declarada BIC. Tambiénse acusa al exalcalde de dar "el visto bueno" a una certificación que redactó en 1998 el secretario municipal (también estaba imputado pero ha fallecido) en el que éste aseguraba no tener constancia de la aprobación definitiva de las normas subsidiarias, pese a que sí lo estaban desde 1992.