Vallada y Senyera se han unido a la lista de ayuntamientos a los que el Ministerio de Hacienda ha rechazado sus planes de ajuste. En el caso de la población de la Costera, su consistorio carece de los ingresos y los recursos necesarios como para atender a sus compromisos de gasto corriente. Esas palabras, que bien podrían utilizarse para definir en qué consiste la "quiebra" municipal, son las que utiliza el ministerio para explicar por qué ha optado por mostrar su disconformidad ante el Plan de Ajuste presentado por la corporación de la Costera, pieza indispensable para refinanciar su deuda y pagar así los más de 12,5 millones de euros que mantiene en facturas pendientes de pago con distintos proveedores.
El Gobierno considera que dicho documento, que recopila el compendio de ajustes presentados por el ejecutivo local para atender durante los próximos diez años los gastos corrientes y la amortización derivada del crédito al que ha solicitado acogerse no garantiza su sostenibilidad. Vallada es la localidad que más volumen de deuda presenta en el conjunto del territorio de las tres comarcas. Junto con Albaida, cuyas facturas pendientes de pago suman 6,5 millones, son las dos únicas entidades de todo el área que, por el momento, no han superado el corte establecido por Hacienda y se asoman al abismo al haber visto tumbados sus planes.
El alcalde de Vallada, Vicente Perales, no duda en atribuir la decisión del Gobierno a la pesada carga que supone para el ayuntamiento el malogrado proyecto del parque logístico y empresarial (Valpark), iniciado por la anterior corporación y hoy paralizado y en los tribunales. Su agujero económico asciende a los 20 millones de euros, de los cuales 15 corresponden a a los impagos a la constructora, si bien los tres urbanizadores del parque también adeudan una importante suma de dinero al consistorio.
Senyera, con 1.250 habitantes y que adeuda a proveedores 777.000 euros, también ha visto rechazado su plan. "No sabemos qué van a hacer mancomunar o fusionar municipios; estamos destrozados, no podemos cerrar el ayuntamiento y si nos quitan la asignación del Estado no podremos pagar los gastos corrientes", anticipó la alcaldesa de Senyera, la popular Pilar Alandes.
Los otros consistorios de la Ribera a los que el Gobierno les ha denegado la posibilidad de ejecutar su plan de ajuste están desorientados. El alcalde de l'Alcúdia, Robert Martínez, desconocía ayer si el Gobierno le dará la posibilidad de enmendar o rectificar el plan de ajuste que le tumbó el lunes. El gobierno de l'Alcúdia, dirigido por el PSOE con el apoyo de Compromís, seguía ayer en vilo. Tampoco sacó nada en claro de sus llamadas y correos al ministerio de Hacienda.
El alcalde de l'Ènova, el socialista Paco Ordiñana, vio una motivación política: "Me parece curioso que hayan pasado los del PP que estaban tan mal: Guadassuar, la Pobla o Cullera. Tiene que haber alguna alternativa y si hay que ajustar lo haremos", aseveró.
