La grúa de Dénia arrastra más polémica que coches. El ayuntamiento, gobernado por PP y Centre Unificat, adjudicó en abril este servicio a la empresa Licuas, S. A. La anterior concesionaria y el PSPV han denunciado que las grúas de esta concesionaria "no están legalizadas". Así lo subrayó de nuevo ayer el concejal socialista Pep Marí, quien avanzó que su partido ha presentado un escrito exigiendo que se rescinda el contrato a Licuas por incumplir el pliego de condiciones.

Marí denunció otro supuesto incumplimiento. Dijo que la actual concesionaria ha subcontratado la retirada de los vehículos abandonados en la vía pública. Afirmó que ni el pleno ni la junta de gobierno han autorizado a la empresa de la grúa a subcontratar a otra mercantil. El edil socialista incluso dio el nombre de esa otra empresa. Es Reciclajes Marina Alta, S. L., y tiene de administradora única a la esposa del alcalde de El Verger, el popular Miguel González.

Este diario confirmó ayer que, efectivamente, Licuas ha recurrido a esta otra mercantil para que se lleve los coches que ya tienen tratamiento de residuos urbanos. El munícipe de El Verger era antes el administrador -y también lo fue el expresidente del PP de Pego y todavía edil, Fernando Gil-. Pero dejó este cargo al ser incompatible con el de alcalde.

A González se le criticó que tuviera en un terreno calificado de rústico y próximo al Marjal de Pego un desguace ilegal. Ese negocio ya está legalizado, ya que la conselleria de Medio Ambiente aprobó la declaración de interés comunitario que en 2010 solicitó Reciclajes Marina Alta. Esta empresa se creó el 15 de marzo de 2005 y su objeto social es el reciclaje, desguace, depósito, descontaminación y transformación de vehículos, así como la venta de sus piezas y chatarra.

Fuentes de la mercantil aclararon que es normal que Licuas le subcontrate la retirada de los coches abandonados, ya que esta firma de El Verger es la única autorizada en la comarca para llevarse estos residuos urbanos.

Mientras, el concejal socialista Pep Marí advirtió de que no tiene constancia de que el Ayuntamiento de Dénia haya impuesto alguna sanción a la empresa de la grúa por el incumplimiento del pliego de condiciones. Precisó que el contrato obliga a que un policía local vaya en la grúa y supervise la retirada de los coches. Pero afirmó que esto no ocurre porque los agentes saben que las grúas no cuentan con todos los permisos necesarios (al parecer no tienen tarjeta de transporte). Incidió en que la concesionaria no puede por su cuenta subcontratar un servicio a otra mercantil y recalcó que eso ha ocurrido con la retirada de los coches abandonados.