La Conselleria de Medio Ambiente acaba de reclamar a los colectivos y ayuntamientos críticos con la construcción de un vertedero de rechazos en Guadassuar que propongan un emplazamiento alternativo y viable si consideran que éste no es el adecuado.
La directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, María Diago, planteó esta cuestión en un reciente encuentro con alcaldes y concejales de municipios afectados y representantes de la plataforma antivertedero. Diago llegó a asegurar que «en algún sitio habrá que depositar la basura», lo mismo que respondía el PP cuando dirigía el Consell.
Fuentes conocedoras señalan a Levante-EMV que el Consell de izquierdas podría seguir adelante con el vertedero si no llega un emplazamiento viable, lo que dejaría en una posición complicada a PSPV y Compromís que hicieron de este asunto bandera de oposición al PP durante años en la comarca. El reciente encuentro es lo último reseñable de una década de avances y retrocesos en la búsqueda de un espacio dónde depositar la basura de la Ribera.
Desde que hace ya más de una década el Plan Zonal de residuos, aprobado en 2004, señalara que cada demarcación debía enterrar en su territorio los rechazos irrecuperables, el debate sigue vivo. También la factura millonaria, unos dos millones anuales, que se paga por enviar los residuos a Villena. La historia de la construcción de un vertedero que acoja los residuos de los 52 municipios que forman el consorcio Ribera Valldigna lleva ya 11 años en un atasco continuo. El acuerdo para avanzar en la construcción de esta instalación nunca ha sido posible.
