Cuando Levante-EMV publicó en diciembre que la fiscalía investigaba los hechos, el exalcalde y expresidente del consejo de Pemsa, Juan José Medina, aseguró que los compradores no acabaron de pagar toda la propiedad, por lo que todavía no tenían la escritura, y que la hipoteca sólo afecta a una parte de cada parcela. Añadió también que el dinero que se obtuvo se destinó a pagar sueldos de los trabajadores de la mercantil pública, entre ellos los del Centro Especial de Empleo, que, tal como se publicó el pasado jueves, van a ser incluidos en un ERE de extinción de empleo ya que la empresa se va a cerrar. Además, recordó que la operación se hizo con los informes técnicos favorables. En marzo de 2014 Medina anunció que Pemsa tenía la intención de ceder la condición de urbanizador del polígono por no poder asumir el coste, valorado en unos 25 millones. Explicó que para hacer frente a gastos como los de la parcelación, y dada su mala situación económica, Pemsa había solicitado un préstamo a Bankia de 1,86 millones a un plazo de 13 años, lo que le obligó a hipotecar las fincas. v. c. m.
