El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, aseveró en Palma que después de una infracción urbanística «la responsabilidad siempre ha recaído en los Ayuntamientos», pese a que a su parecer la Comunidad Autónoma también tiene «parte de esa responsabilidad» por permitir a las corporaciones municipales que concedan determinadas licencias, al tiempo que en esta misma línea apuntó igualmente a los promotores.
El juez apostó por una mínima intervención del derecho penal en los procesos urbanísticos al considerar que las sanciones penales no ayudan a hacer frente a los problemas de la corrupción, por lo que apostó por una mayor autonomía local a la hora de proyectar un municipio así como por una discrecionalidad técnica que permita desarrollar los proyectos urbanísticos, potenciando el papel de los técnicos en este ámbito. Así lo manifestó durante la ponencia El restablecimiento de la legalidad urbanística: los delitos urbanísticos y medio ambientales, enmarcada en las jornadas Ley del Suelo, ordenación territorial, urbanismo y valoraciones celebrada en la capital balear, y en la que incidió en que «no se puede hacer urbanismo desde la perspectiva del derecho penal sino afrontar de otra forma la corrupción», por lo que recalcó la importancia de reforzar la presencia de los técnicos municipales en la gestión urbanística.
Además, consideró que el restablecimiento de la legalidad urbanística es «una de las zonas grises del ordenamiento jurídico». Fernández Valverde subrayó por otro lado que «nos encontramos en un momento histórico ciertamente interesante» en este terreno, al destacar que «caminamos hacia un urbanismo más transparente y menos concertado», frente a la «tensión permanente», señaló, que anteriormente generaba la rúbrica de convenios urbanísticos entre distintas administraciones.
El fiscal delegado de Medio Ambiente en Baleares, Julio Cano, apuntó que los fiscales «somos fans del principio de intervención mínima del derecho penal en el urbanismo».
