Las playas podrán acoger eventos deportivos con publicidad. Así lo recoge el anteproyecto de ley que reforma la Ley de Costas de 1988, que parece redactado para desactivar todos los conflictos que existían entre el Ayuntamiento de Valencia y la jefatura de la demarcación de Costas durante la pasada legislatura.
El Ministerio de Medio Ambiente mantiene en el nuevo texto legal la prohibición de la «publicidad permanente a través de carteles o vallas por medios acústicos o audiovisuales», como ya establecía la ley del 88. Sin embargo introduce una excepción que abre la vía para celebrar eventos patrocinados. «Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, se podrá autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo terrestre y siempre que sea compatible con su protección».
El Ministerio de Medio Ambiente prevé modificar el artículo 25 de la ley, en el que se regula los usos prohibidos en la servidumbre de protección, ya que prevé que el nuevo reglamento que se redacte «establecerá las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad» a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales «siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección».
Un cambio legal que diluye como azucarillo en vaso de agua litigios de épocas anteriores. La demarcación de Costas y el Ayuntamiento de Valencia mantuvieron, durante la etapa de gobierno socialista, un largo enfrentamiento a cuenta de los eventos deportivos o la organización de la «mascletà» napolitana en las playas urbanas de la ciudad. Costas autorizaba al ayuntamiento organizar pruebas deportivas pero con la publicidad prohibida en las vallas de cara al exterior y permitida hacia el interior. El ministerio alegaba que no era posible organizar actividades lucrativas en el dominio público marítimo-terrestre, por lo que multó al a la concejalía de Deportes, sanción que recientemente anuló el TSJ. El Ayuntamiento de Valencia llegó a elaborar un video en el que denunciaba la marginación a Valencia porque en otros lugares se permitía lo que se prohibía en el «Cap i Casal».
«Privatizar la costa es una pérdida colectiva»
«La privatización de la costa es una pérdida colectiva», se advierte en el «Manifiesto por la preservación y gestión de espacios costeros», elaborado por profesores y catedráticos de universidad de toda España. La actual ley de costas permite «usos más o menos privativos por un tiempo limitado bajo el amparo de autorizaciones y concesiones» y en el que actividades como «pasear, bañarse o contemplar el paisaje son esenciales y no presuponen actividad económica alguna. Privatizar el DPMT es perderlo de forma irreversible para la colectividad», argumentan.
