La juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que instruye el caso sobre el fraude en las ayudas de la Generalitat a Cooperación ha imputado a otras tres personas, según el auto emitido por la magistrada al que ha tenido acceso este periódico. Se trata de las dos extrabajadoras de la ONG Cyes Josefa Cervera y Adela Rodríguez y de la empresaria Rosa María Castelo. La juez quiere conocer los cobros que recibieron tanto de organizaciones implicadas en el caso como de empresas de la presunta red corrupta. Con estas ya son 31 la personas imputadas.
La juez también ha citado a declarar como testigos a personas de confianza de Rafael Blasco cuando era conseller de Solidaridad. En este caso, serán interrogados los extrabajadores de Blasco, Jordi Feo, Roger Guntiñas y Antonio Moya. También acudirá a declarar como testigo José Luis Maldonado, el propietario del yate que recibió publicidad de Solidaridad y amigo de Marc Llinares.
Acudirá también como testigo Óscar Varea Montolio, exgerente del conglomerado sociedades del empresario en prisión provisional Augusto César Tauroni entre 2002 y 2012. Varea Montolio tiene presentada una demanda contra Tauroni por el impago de varias nóminas y es quien conoce la contratación del encarcelado con otras conselleries por las que pasó Blasco. La juez también ha solicitado a la Conselleria de Justicia el informe que realizó sobre las posibles irregularidades en la concesión de ayudas a la Cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad. Se trata del documento que el Consell se negó a entregar a la oposición.
Informe de la escucha en catalán
La magistrada también solicita a la Policía Nacional que informe sobre el sistema Sitel con el que se realizaron los pinchazos telefónicos a los ahora imputados y se interesa por si hubo presencia del secretario judicial, como piden algunos letrados. Además, reclama documentación sobre el «sistema de transcripciones de las comunicaciones intervenidas por Sitel cuando las mismas lo son en idioma distinto al español».
Cabe recordar que estas solicitudes son una petición a su vez de Javier Boix, el abogado de Rafael Blasco. Boix pretende invalidar las escuchas porque, entre otras cosas, fueron traducidas en catalán normativo y podría haber malas interpretaciones puesto que los imputados hablaban entre ellos en «valenciano coloquial».
