El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, con los votos a favor del PP, la abstención de los socialistas, y la oposición de Compromís y de Esquerra Unida.
La nueva ley, formada por 269 artículos, simplifica la normativa urbanística existente, ya que deroga cinco leyes y dos reglamentos y reduce más de un 75 % los artículos sobre esta materia, y reduce plazos para las aprobaciones de los planes generales municipales.
La ley incluye la regulación de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE), destinadas al desarrollo de intervenciones territoriales singulares de relevancia supramunicipal, para las que se establece un procedimiento de tramitación "específico y acelerado".
El PP ha defendido que esta ley es "vanguardista" y una necesidad "imperiosa" de la sociedad; los socialistas han dado su "abstención alta" al valorar la aceptación de enmiendas "importantes"; y Compromís y Esquerra Unida se han opuesto al considerar que "ahonda en errores del pasado", con cuestiones como las ATE.
La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha señalado que es un día "histórico", pues se ha aprobado la primera ley autonómica que refunde en un mismo procedimiento las cuestiones de evaluación ambiental estratégica, territorial y urbanística, que además ha sido consensuada con la UE.
Ha defendido que, aunque se han consensuado cuestiones con el PSPV, se ha mantenido el "espíritu" inicial del texto, que tiene "vocación de servicio y permanencia" y afecta al 80 % de las actividades que se efectúan en la Comunitat.
El socialista Francesc Signes ha argumentado la "abstención alta" de su grupo en una posición "responsable" de un partido "con vocación de gobierno", ya que, aunque no es el texto que habrían elaborado, las enmiendas que les han aprobado lo han "mejorado sustancialmente" y cuando gobiernen en 2015 lo "redondearán".
Para Signes, con esas aportaciones han conseguido una ley "totalmente adecuada" a la realidad socioeconómica actual y capaz de dar respuestas "solventes a los graves problemas existentes", mientas que si la hubieran rechazado se habrían mantenido las "nefastas" leyes de Rafael Blasco y Esteban González Pons, que "tanto daño" han causado.
El diputado del PP David Serra le ha agradecido esa "abstención alta" por entender que es "un sí con la boca pequeña", lo que supone un acto "de generosidad y responsabilidad", y ha resaltado que esta norma "estratégica" va a tener trascendencia social en los próximos años y ha contado con la aportación de "miles de personas".
Para Serra, se trata de la ley autonómica "más vanguardista" que existe en este momento y servirá de referencia a otras autonomías de distinto color político, y ha agradecido que haya sido posible un acuerdo sobre unos "mínimos" que dan "confianza y seguridad" a la sociedad.
Ha defendido que las ATE son "oportunidades" para los municipios, por lo que ha instado a cambiar las "nubes de plusvalías ficticias o pelotazos urbanísticos imaginarios por un modelo de creación de riqueza", de empresas y empleos vinculados al territorio.
Juan Ponce, de Compromís, ha opinado que se ha perdido una oportunidad para solucionar las "erráticas" políticas urbanísticas de la anterior década con una ley cuyo nombre "es falso", ya que "no se ordena el territorio", y que supondrá una hipoteca para futuras generaciones.
Ponce ha cuestionado las ATE, porque a su juicio "vulneran" la autonomía municipal, crean "desequilibrios" dentro del territorio y perjudican al pequeño comercio.
El diputado de EU Lluís Torró ha considerado que esta norma contiene "demasiados agujeros por donde puede sacar la cabeza el urbanismo insostenible", entre los cuales las ATE son un "puerto de descarga masiva" de actuaciones "especulativas", cuyo modelo es "facilitar el negocio a costa de lo que haga falta sacrificar".
El pleno también ha aprobado la ley de Prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, por los votos a favor del PP y en contra de toda la oposición.
La ley, formada por un centenar de artículos, ordena los procesos para prevenir y reducir el origen de la contaminación, para lo cual coordina la integración de los trámites de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental, y simplifica los trámites en esta materia.
