El caso Gürtel va a sufrir un nuevo parón tras decidir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia inhibirse en favor de la Audiencia Nacional como consecuencia de la renuncia como diputados de todos los aforados. La única pieza que de momento se va a juzgar es la de las adjudicaciones a la trama de los stands de la Comunitat Valenciana en Fitur en la que están acusadas las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such. Las otras cinco piezas „que se juzgarán en otros tres juicios distintos„ van a quedar en el limbo sine die ya que la Fiscalía Anticorrupción anunció que si el TSJ no se quedaba con todo el caso recurriría al Supremo. Los más beneficiados por el parón son los acusados de la financiación ilegal del PPCV (piezas una y dos), los procesados por la visita del Papa (pieza cuatro), los imputados por los contratos del Consell con la red Gürtel (pieza cinco) y los cabecillas de la trama que también están procesados por delitos fiscales (pieza seis).
El juez José Ceres ya había terminado la instrucción de cinco piezas y solo le quedaba por cerrar la de la sonorización de la visita del Papa. Las defensas llevan meses pleiteando para demorar el arranque de los juicios. El primero que consiguieron bloquear un año fue el de Fitur, que debía haber arrancado el 31 de marzo del año pasado. La dimisión en el último momento de Milagrosa Martínez y Angélica Such provocó que se planteara una cuestión de competencia en el Supremo, que en diciembre decidió que debía juzgarse en el TSJ porque ya se había abierto juicio oral. La vista empezará el próximo 31 de marzo.
La segunda pieza que se terminó de instruir fue la de la pieza cinco. La Fiscalía presentó su escrito de acusación en septiembre y pidió al juez que abriera juicio oral. Sin embargo, José Ceres todavía no había abierto juicio oral por los problemas con la competencia ya que el único aforado en esa pieza era el ex secretario autonómico de Deportes David Serra y dimitió en septiembre.
La decisión hecha pública ayer por el TSJ se centra en la pérdida de competencia de la pieza cinco, pero la sala ya advierte en el auto de que el resto „salvo la deFitur„ se encuentran en la misma situación.
La conclusión es que el caso ha vuelto a dar un vuelco. El TSJ podía optar por quedarse todo el procedimiento (como reclama la Fiscalía) por remitirlo a la Audiencia de Valencia (como solicitaban la mayoría de las defensas) o por enviarlo a la Audiencia Nacional (como exigió el número dos de la trama, Pablo Crespo). La sala debe pronunciarse en los próximos días por la situación del resto de piezas en las que no se ha abierto juicio oral y que van a seguir el mismo camino.
La clave es que la Fiscalía Anticorrupción considera que la rama valenciana de Gürtel constituye un solo caso que se troceó en piezas para agilizar su instrucción y el TSJ entiende que no es así. La sala apunta en el auto que la competencia la marca el hecho de que haya o no diputados y que se haya abierto juicio oral. El auto incide en que en el caso de la pieza cinco „como en todos„ ya no quedan diputados y el juez todavía no había abierto juicio oral. El TSJ ha decidido enviarlo a la Audiencia Nacional porque fue el órgano judicial que inició la investigación y la sede central de la red estaba en Madrid.
Acusaciones de la pieza cinco
Anticorrupción acusa en la pieza cinco a 6 miembros del grupo Correa y a 21 personas vinculadas con la Generalitat entre ex consellers, ex diputados, ex altos cargos y funcionarios. Los principales políticos procesados en esta pieza (David Serra, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado o Dora Ibars) se han librado de las peticiones de cárcel ya que no firmaron las resoluciones y solo están acusados de un delito de prevaricación administrativa. El fiscal pide 9 años de inhabilitación para la ex consellera de Bienestar Social Alicia de Miguel, 8 años de inhabilitación para el exconseller de Sanidad Manuel Cervera y 7 años de inhabilitación para su sucesor en el cargo, Luis Rosado. Anticorrupción reclama para el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado David Serra 9 años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis.
Anticorrupción reclama, por contra, condenas de hasta 7 años de cárcel paras siete técnicos y cargos de menor perfil. Entre los gestores públicos que se enfrentan a penas de cárcel está la gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, para la que el fiscal pide cinco años y medio de prisión. Los cabecillas de la trama „Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Perez «El Bigotes»„ se enfrentan a penas de 10 años.
