El Tribunal Supremo ya declaró «improcedente» el expediente de regulación de empleo (ERE) por el que se despidió a 197 trabajadores, a los que Vaersa tuvo que pagar alrededor de un millón y medio de euros. El ERE fue considerado improcedente por el alto tribunal por «las acciones contradictorias que suponen el despido de trabajadores incluidos en encomiendas delegadas por la Generalitat y su posterior recontratación tras la ejecución del ERE».
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