La ley de acompañamiento de 2017 incluye también otras modificaciones legales, entre ellas, las ya avanzadas por Levante-EMV que afectan a la Abogacía de la Generalitat cuyos integrantes se verán beneficiados con un incremento salarial en los próximos dos años. El refuerzo a un colectivo que nació al calor de los gobiernos del PP queda plasmado en la mejora de sus condiciones laborales que, por cierto, no sólo llegará a los letrados sino también a la figura de los habilitados. Junto a la subida salarial (que ha creado ya malestar en otros colectivos de funcionarios) también se tomarán medidas para potenciar al cuerpo frente a los despachos privados.

Con el nuevo redactado que el Consell pretende llevar adelante, las conselleries y las empresas públicas se lo pensarán muy bien antes de acudir a asistencia jurídica externa. En principio, para contratar a firmas privadas o pedir informes jurídicos externos era necesario ya un informe previo de la Abogacía de la Generalitat. Ahora, sin embargo, el Consell reforzará los controles de tal manera que, a falta de informe, el acuerdo será nulo.

Pero la medida va más allá, se introduce un apartado en la ley de Asistencia Jurídica en la que se advierte de que la autoridad o funcionario responsables de un contrato sin informe tendrán que rendir cuentas y asumir, llegado el caso, los daños y perjuicios a terceros por la anulación.