Dos amigos caminan por la calle de la Paz de València, en animada conversación. No se trata de un encuentro fortuito. La charla viene de lejos y continúa en el trayecto a pie por las calles del centro. Son las 20.43 horas del sábado 19 de junio de 2021. Una imagen cotidiana sin más trascendencia si no fuera por la identidad de los protagonistas. Un investigado por corrupción y un diputado nacional que se dedica a combatirla. Se trata del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, que vive sus horas más bajas tras ser detenido el 22 de mayo de 2018 por el caso Erial, que investiga desde el año 2015 una presunta trama de comisiones y blanqueo de supuestas mordidas en las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Su interlocutor es Luis Santamaría, diputado del PP en el Congreso donde ejerce de portavoz de la comisión que investiga desde el 22 de diciembre de 2020 la «utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular», conocida en ámbitos judiciales y periodísticos como la operación Kitchen. Santamaría también es portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y vocal en la Comisión de Interior.
¿Casualidad o causalidad?
Tres meses después de este encuentro el polimputado excomisario José Manuel Villarejo comparece en la comisión que investiga la presunta implicación de los populares en la operación Kitchen. Una pregunta inicialmente banal en plan, «¿me dejo algo en el tintero?» prologa una carga de profundidad. «¿Participó usted en alguna operación contra el Partido Popular siguiendo instrucciones del Partido Socialista?».
Quien interroga es el diputado Luis Santamaría. Dos preguntas que permiten a Villarejo lanzar el primer misil Tomahawk desde el Congreso de los Diputados contra el caso Erial que investiga el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción de València. Villarejo parece hurgar en su memoria, en una actitud impostada: «Creo recordar que había un interés, no sé por qué, del Partido Socialista, de destruir al señor Zaplana y se utilizó a un informador sirio, un confidente del CNI, no recuerdo ahora su nombre, para ver las fórmulas de, en fin, de ver cómo, en fin… Hay veinte mil».
Una respuesta tramposa. Los socialistas no gobernaban cuando se inició la investigación a Eduardo Zaplana en 2015 (de hecho el PSOE perdió las elecciones en 2011) y Mariano Rajoy continuaba al frente del Gobierno cuando el exministro fue detenido el 22 de mayo de 2018.
La reacción de la defensa de Zaplana llegó a la velocidad de la luz dos días después para solicitar la declaración del excomisario Villarejo en el Juzgado de Instrucción 8 de València. Petición que aún no ha obtenido respuesta, pero a la que se le acumulará en breve la propuesta de comparecencia de otro personaje muy singular.
Como si de un plan preconcebido se tratara, el yonqui del dinero (que ha migrado a la categoría de «alto cargo» para algún medio de difusión estatal) atornilló la presunta teoría del «montaje» deslizada por Villarejo en el Congreso de los Diputados.
El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, propició el inicio del caso Erial al hallar la Guardia Civil en el despacho de su abogado la «hoja de ruta» de las mordidas del Plan Eólico que le entregó un ciudadano sirio que vivió en la vivienda que dejó Zaplana. Benavent compareció el 27 de octubre para presentar una enmienda la totalidad a seis años de colaboración con la justicia e impugnar sus grabaciones de corrupción en tiempo real y el registro del despacho de su abogado. Y, como si no viniera a cuento, citar de pasada al comparecer en el caso Taula el presunto «montaje del sirio contra Zaplana». Segundo Tomahawk al caso Erial, del que sólo el tiempo dirá si cuenta con un resistente escudo antimisiles.
