Las dudas expresadas por los técnicos municipales en torno a la rentabilidad de la iniciativa han conducido al Ayuntamiento de Xàtiva a renunciar a la subvención del plan provincial de eficiencia energética que lanzó la diputación en los últimos compases del mandato de Alfonso Rus para la instalación de calderas de biomasa en edificios públicos. A la capital de la Costera le tocaron 223.043 euros dirigidos a la adquisición de equipos y sistemas automáticos de extracción de cenizas y silos en el reparto de ayudas a los consistorios, difundido en marzo de 2015.
Según apuntan fuentes municipales, el ayuntamiento diseñó un proyecto que ascendía a más de 100.000 euros, a tiempo que consignó una partida de 60.000 ? para sufragar su parte de la inversión, complementaria a la ayuda provincial. La actuación perseguía la sustitución de dos calderas convencionales por otras de biomasa alimentadas con pellets en los colegios públicos Attilio Bruschetti y Pla de la Mezquita. Sin embargo, tras un estudio en profundidad, el equipo de gobierno ha decidido anular la obra por los inconvenientes manifestados por el departamento técnico, relativos al funcionamiento de los equipos.
Por un lado, el ahorro generado iba a ser inferior al esperado y difuminaba el espíritu de la iniciativa. Por otro, la situación de los dos centros docentes escogidos desaconsejaba la intervención. El Attilio Bruschetti se enmarca en un BIC y, como tal, el proyecto precisaba de la autorización de Patrimonio para materializarse, mientras que la previsión de que se construya un nuevo Pla de la Mezquita antes de que acabe la actual legislatura convertía en un sin sentido la idea de gastar fondos en renovar la calefacción del centro.
Como otros programas provinciales, el plan de las calderas también ha estado en el punto de mira de las sospechas que rodean la gestión de Rus en la diputación porque, entre los empresarios aspirantes a las adjudicaciones, figuraba un familiar del exalcalde de Gandia, Arturo Torró.
El programa de eficiencia energética nació con el propósito de reducir la factura energética de los ayuntamientos, pero terminó abocado al fracaso y muchos alcaldes declinaron sumarse debido a la complejidad y a los problemas técnicos que entrañaba la instalación de las calderas y los silos de almacenamiento de pellets, que necesitaban mucho espacio. De los 17,2 millones consignados para la iniciativa, al final solo se concedieron 4,5 millones en ayudas.
