El Ayuntamiento de Vallada ha pisado el acelerador en su espinosa cruzada por intentar reflotar la superficie industrial de 1,3 millones de metros cuadrados sin actividad que estrangula la gestión municipal desde la paralización de las obras del macropolígono de Valpark, en 2009. A punto de cumplirse una década de este hito, el consistorio ha conseguido resolver los contratos sellados en 2007 y 2008 que ataban a la administración con las dos principales urbanizadoras del millonario proyecto, Coperfil y Mafort. Ambos grupos inmobiliarios, ahora en quiebra, se adjudicaron el desarrollo urbanístico de dos porciones de Valpark donde adquirieron importantes reservas de suelo, pero terminaron abandonando el plan, incapaces de cumplir con las certificaciones. La descomunal deuda que arrastran con la corporación local explica porqué Vallada es la tercer localidad con más pasivo por habitante de España.
El concurso de acreedores en el que se hallan inmersos ambos conglomerados desde hace años (Coperfil está en proceso de liquidación) ha dificultado las cosas y ha retrasado la solución de la problemática. La ayuda técnica y jurídica proporcionada por la diputación ha sido fundamental para desatascar la compleja madeja jurídica que mantenía bloqueada cualquier alternativa para dar una salida a los terrenos.
Aunque todavía se muestra muy cauta, la alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, no oculta su satisfacción por los avances conseguidos en los últimos meses. El hecho de haberse liberado del vínculo contractual con las empresas urbanizadoras va mucho más allá de la necesidad de «resolver un asunto legal», puesto que devuelve al ayuntamiento el rol de agente urbanizador y deja el camino libre para adoptar los siguientes pasos en la hoja de ruta. Lo primero es completar la reparcelación de la superficie de Valpark, un trabajo en el que se halla inmersa la diputación y que se encuentra ya «muy adelantado» por lo que se refiere a las parcelas de Coperfil.
A continuación, el consistorio aguarda los pliegos y una ayuda económica de la institución provincial para poder ir licitando las obras de urbanización del suelo aún por desarrollar. El papel de la Generalitat, que se ha comprometido a colaborar en la reactivación del polígono, resulta crucial en este punto: ha de dar el «empujón final» al área industrial. La Conselleria de Hacienda está preparando un informe de viabilidad que definirá las actuaciones de la administración autonómica con el objetivo de acabar de urbanizar Valpark y de ofertar los terrenos vacantes a las empresas. La posibilidad de subrogarse en agente urbanizador o de asumir suelo están entre las opciones contempladas. La alcaldesa señala que hay varias firmas interesadas en establecerse en el polígono y avanza que el Consell promocionará los terrenos en el Salón Internacional de Logística de Barcelona.
Tortosa subraya que, tras los trabajos técnicos que se están desarrollando, «sabremos qué le corresponde a cada uno y, si finalmente la conselleria (con 100.000 m(2) en el parque) se puede hacer cargo, quedará bien claro quién tiene que pagar las cuotas de urbanización y qué cargas hay», en caso de que los terrenos salgan a subasta o de que los administradores concursales de Coperfil y Mafort adjudiquen sus parcelas en propiedad. «Ahora ya tenemos claro todo el embrollo legal y dejamos el camino limpio para ver quién puede subrogarse en agente urbanizador», reitera la alcaldesa.
Adeudan 13 millones
Tortosa agradece la colaboración de los administradores concursales de las dos urbanizadores a la hora de resolver los contratos. Coperfil, en proceso de liquidación, adeuda 1,9 millones de euros al ayuntamiento en concepto de daños y perjuicios tras el impago de las cuotas de urbanización. El juzgado sacó a subasta sus terrenos, pero no encontraron comprador. La Audiencia de Barcelona ha inhabilitado a los administradores del grupo por retrasar la suspensión de pagos. La promotora de parques logísticos ya se encontraba muy mal financieramente cuando selló el contrato de Valpark, donde preveía invertir 33 millones y crear 500 trabajos. Lo mismo ocurre con Mafort, cuyo pasivo con Vallada se dispara a 13 millones de euros. El consistorio no abandona la reclamación de estos importes, pero no es muy optimista respecto al cobro íntegro de los mismos.
