Clausuran en Xàtiva una de las gasolineras más baratas de España por fraude

Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil precinta y embarga la estación de servicio junto al Midia Center

La gasolinera precintada por la Agencia Tributaria en Xàtiva

La gasolinera precintada por la Agencia Tributaria en Xàtiva / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Todo conductor sueña con encontrar una gasolinera barata y, hasta hace poco, Xàtiva podía presumir de tener una de las estaciones de repostaje con el diesel más asequible de España. El último informe sobre la distribución de carburantes en los puntos de venta publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) situaba a Enerxat en el octavo puesto del ranking nacional de los precios más bajos, a fecha del mes de febrero.

Esta gasolinera situada en la zona de aparcamiento del MidiaCenter del polígono industrial (antiguo Eroski) vendía el gasóleo a una media de 1,298 euros el litro, casi un 8 % más barato que el promedio del resto de negocios del sector en la capital de la Costera.

Desde hace unas semanas, sin embargo, la estación de servicio se encuentra precintada y fuera de uso. Una operación conjunta desplegada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos especiales de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, con la participación de la Fiscalía del área de Gandia, procedió a la clausura y embargo de la gasolinera el pasado 26 de marzo en el marco de una investigación por un presunto fraude fiscal en la venta de hidrocarburos.

La intervención se produjo apenas dos días antes de que entrara en vigor la reforma legal promovida por el Gobierno para poner coto a las prácticas ilegales de los operadores 'low cost' que venden a precios anormalmente bajos, por debajo de los costes mínimos generales, aprovechándose de complejos entramados societarios para eludir pago correspondiente al 21 % de IVA.

La gasolinera precintada en el polígono de Xàtiva.

La gasolinera precintada en el polígono de Xàtiva. / Perales Iborra

El nuevo mecanismo de control activado por el Gobierno, que limita los intermediarios que pueden participar en la comercialización de combustible, se aprobó en diciembre y, desde entonces hasta su efectiva puesta en marcha hace un mes, se constató un gran aumento de las maniobras defraudatorias por el impago de impuestos en un millar de gasolineras españolas que vendían a pérdidas. Hacienda puso la lupa en todas ellas tras cifrar en 700 millones de euros el agujero generado a las arcas públicas.

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que agrupa a gigantes del sector coom Beallenoil o Petroprix, denunció las prácticas anticompetitivas desarrolladas por gasolineras como la de Xàtiva y reclamó la actuación inmediata de las autoridades.

El fraude se inicia cuando la distribuidora simula realizar ventas de hidrocarburos a sociedades propias creadas para esquivar el IVA

En este contexto se inscribe el precintado de Enerxat, que comenzó a operar en 2013 bajo la iniciativa de un empresario local que más tarde se desvinculó del negocio. La estación de servicio pasó a manos de una operadora afincada en un municipio de la Safor.

El fraude se investiga cuando la distribuidora simula realizar ventas de hidrocarburos a sociedades propias creadas para esquivar el IVA que, antes de desaparecer sin dejar rastro, venden el producto a la gasolinera a muy bajo precio gracias al margen que tienen por el hecho de no soportar el IVA.

Desde JLCasajuana Abogados (Carlos Babot Horcajadas, del Departamento de Hidrocarburos) manifiestan que la estación de servicio desde hace tiempo no es explotada por su cliente, "desconociendo quien la explota en la actualidad". "sta parte declina la acusación de fraude por cuanto se trata de producto que ya ha pagado el tipo general del impuesto especial sobre los hidrocarburos así como el IVA (no existiendo posibilidad por lo tanto de que haya existido fraude en materia de impuestos especiales o de IVA). No cabe posibilidad alguna de que entre producto en la estación de servicio sin haber satisfecho el IVA y los Impuestos Especiales, el fraude en el sector se produce en otras instancias superiores".

"Cuando explotaba la estación de servicio nuestro cliente no comercializaba gasóleo bonificado en la estación de servicio, no siendo posible por lo tanto, tampoco fraude en materia de gasóleo bonificado. Desde JLCasajuana Abogados entendemos por tanto, que no explotando nuestro cliente la estación de servicio, el cierre no se debe a fraude fiscal sino al desconocimiento por parte de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria de la persona que en la actualidad explota dicha estación de servicio y imposibilidad de llevar por tanto en ella las actuaciones que pretendan realizarse", remarcan desde este bufete.

Una trama defraudó 23 millones

Xàtiva no escapa a la competencia feroz que libran estos negocios. En 2019, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat archivó una denuncia de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) contra otra gasolinera de la ciudad cercana a la clausurada por posibles indicios de "conductas desleales, prácticas engañosas y ventas a pérdidas" que, según la entidad, había generado pérdidas superiores al 50% para otros establecimientos del ámbito de influencia.

Otra gasolinera de Xàtiva fue denunciada recientemente ante la Comisión de Competencia pero el caso fue archivado

La denunciada defendió que compraba el combustible al mejor postor y luego fijaba el precio de manera perfectamente legal. La investigación no continuó adelante al considerar la CDC que el tamaño de la empresa y el número de posibles usuarios afectados no tenían suficiente entidad.

Por otra parte, en 2021, fue descubierto un entramado delictivo que defraudó 23 millones de IVA en la compraventa de hidrocarburos y que blanqueó dinero en Xàtiva a través de la compra del solar de una estación de servicio con precios muy asequibles con el objetivo de intentar monopolizar el sector.

Una veintena de implicados en la trama fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas que suman 30 años de cárcel, junto al pago de una indemnización de 23 millones de euros a la Agencia Tributaria por el dinero defraudado entre 2015 y 2016.

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