La falta de alegaciones del Ayuntamiento de Sagunt contra la reciente aprobación del Plan Hidrológico del Júcar, cuya vigencia alcanza hasta 2021, ha provocado críticas desde la oposición, que asegura que «mientras 13 municipios valencianos han recurrido al Tribunal Supremo en defensa de sus intereses, el gobierno local más caro de la historia „en referencia a Compromís, EU y ADN Morvedre„ no tiene tiempo para oponerse a un plan que contempla sustituir el caudal del metro cúbico por agua de la desaladora», según asegura el portavoz popular Sergio Muniesa.
Además de recordar las amenazas que acechan a Sagunt con la puesta en marcha de esta desalinizadora, que «costaría a los vecinos más de 65 millones de euros y un incremento de más del 50 % del recibo», desde el PP se añade que «nuestro gobierno municipal planteó alegaciones, que fueron respaldas por unanimidad, para garantizar el metro cúbico y para que el agua desalada quedara excluida hasta que los costes no fueran repartidos solidariamente en los sistemas hidrológicos nacional o del Júcar».
«Es injustificable que no se haya iniciado acción alguna contra la decisión que deja abierta la posibilidad del cambio del metro cúbico por agua desalada, porque en la actual situación seríamos los únicos responsables del pago de esa desaladora», asegura el portavoz popular, quien considera que «el ayuntamiento debería haber mostrado su disconformidad con este nuevo plan, pero el tripartito sigue callado ante actuaciones como la exigencia de la Generalitat para que se pongan en marcha las desaladoras, que, en nuestro caso, puede suponer la ruina de la ciudad».
Muniesa concluye que «la paralización del señor Fernández y su tripartito es imperdonable».
