El TSJ falló en abril que el artículo del ROM que facultaba a la Alcaldía a demorar hasta tres meses el debate de algunas propuestas de la oposición vulneraba el derecho fundamental a ejercer un cargo público en igualdad de condiciones, lo que ha obligado al nuevo gobierno -que en su día impugnó ese reglamento- a revisar el texto. La nueva redacción elimina ese margen de tres meses y obliga a la Alcaldía a elevar a la siguiente sesión que celebre el órgano al que se dirijan las propuestas que se presenten. La revisión del ROM que impulsó el PP ya fue objeto de una agria polémica, ya que la entonces oposición consideraba que coartaba sus derechos, si bien los populares defendían que el artículo anulado por el TSJ era de los pocos que se mantenían de la redacción inicial de 1985. p. f. alzira
