s in lugar a dudas entre los principales pilares que soportan el llamado Estado del Bienestar se encuentran las pensiones fruto del esfuerzo personal y colectivo asociado al trabajo. Estamos ante un interesante debate social y político sobre el futuro de las pensiones y el sistema público del mismo, no solo en España, también en muchos países de la Unión Europea, aunque en perspectivas diferentes. Nuestro sistema es de reparto y basado en un componente de solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores y las trabajadoras activos pagan las pensiones de hoy.

Con este claro factor está de manifiesto que el trabajo, sus condiciones y remuneración son elementos capitales para el sostenimiento del sistema público. Porque bajos salarios significan directamente bajas cotizaciones a la Seguridad Social, por lo tanto menos recaudación.

El trabajo decente y digno queda asociado intrínsecamente a pensiones dignas. La última reforma sobre el sistema de pensiones, aprobado por el PP en 2013, ha devaluado el poder adquisitivo de las pensiones, entre otras cosas porque la referencia de las subidas anuales ya no tienen como referencia el IPC (Índice de Precios al Consumo). Por eso solo aumentan el 0,25%, con un crecimiento de la economía española del 3%.

Pero las previsibles consecuencias negativas de la reforma aún van más allá, dado que añade un criterio de sostenibilidad del sistema que, a corto, medio y largo plazo, sus consecuencias será la penalización de poder vivir más años reduciendo considerablemente las pensión.

Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) seguimos reivindicando la viabilidad del sistema público de pensiones, y además, en este debate sociopolítico hemos demostrado con propuestas en el marco del Pacto de Toledo que se tienen alternativas para su sostenimiento que pasan por una reforma fiscal, lucha contra el fraude, la economía sumergida y una mayor aportación de los Presupuestos Generales del Estado al sistema de pensiones.

Hemos estado en la calle y vamos a seguir reforzando todas las movilizaciones sociales para asegurar pensiones dignas, porque cabe recordar que nuestro Estado se reclame como Social, Democrático y de Derecho, eso es, Social y de Derecho. Los pensionistas tienen todo el derecho de exigir pensiones dignas.