Los jueces de Valencia solicitaron ayer suavizar la ley para frenar los desahucios "sangrantes" como consecuencia de la crisis. El juez decano, Pedro Viguer, explicó que los magistrados que tramitan los lanzamientos (la ejecución del desalojo por el impago del alquiler o la hipoteca) le han mostrado su preocupación por el incremento de los procesos. Viguer lamentó que los jueces "poco pueden hacer más allá de aplicar la ley". El magistrado puso como ejemplo que en el primer semestre de 2012 se han tramitado en la ciudad de Valencia 1.561 lanzamientos frente a 1.166 en el mismo semestre de 2010.

"La ley debe ser revisada. Hay que estar a la altura de los tiempos y estamos en tiempos graves. Las normas deben adaptarse a las circunstancias", advirtió Viguer. El juez decano destacó que la crisis "está dejando un reguero de personas que se han quedado sin vivienda" por las reclamaciones hipotecarias.

Pedro Viguer insistió en que "los magistrados no tienen ahora margen de maniobra, pero algo hay que hacer. Es necesario suavizar el automatismo de la ley" para frenar la "herida sangrante" de los desalojos por la crisis.

El juez aseguró que en países como Francia la normativa permite suavizar el rigor a la hora de decretar un desahucio "en función de las circunstancias" que concurran en cada caso. "Aquí aplicamos la ley y procedemos a los desalojos cuando la ley lo marca. Tenemos un rigorismo legal que debe llevarnos a todos a reflexionar", apuntó.

Al servicio de los ciudadanos

Viguer incidió en que le ley debe estar al servicio de los ciudadanos y "no de determinadas entidades poderosas". El representante de los jueces valencianos recordó que en muchas ocasiones los bancos se adjudican los inmuebles por un precio "muy por debajo del valor real". El magistrado señaló que en último año las ejecuciones hipotecarias han aumentado un diez por ciento.

Los jueces consideran que es necesario buscar alternativas como la dación en pago -que supone la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación completa de la deuda- o el incremento del tanto por cien mínimo que deben pagar las entidades bancarias por quedarse con la casa y que actualmente está fijado en el 60% del valor de tasación.