El Ayuntamiento de Valencia no está dispuesto a acatar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que permite a la Delegación del Gobierno continuar con unas obras en el Palacio del Temple que el propio consistorio había paralizado. De entrada, denuncia el hecho de que el Consell haya enviado su informe al delegado y no al ayuntamiento, que es la entidad que lo había solicitado, presunta anomalía que está dispuesto a investigar para depurar «responsabilidades». En segundo lugar, asegura que esas obras siempre tendrán la calificación de «fuera de ordenación» y el ayuntamiento hará todo lo posible por evitarlas. De hecho, mantiene su veto.

Las obras objeto de debate tienen que ver con la construcción de un sobreelevado de dos plantas sobre el edificio administrativo que da a la calle Les Maestres, un edificio que se enmarca dentro de la rehabilitación del Palacio del Temple y que incluye un vivienda para el delegado de turno. El Ayuntamiento paralizó la obra porque la altura de cuatro plantas superaba la del propio palacio y dejó seguir el resto, pero el Consell Jurídic ha atendido las alegaciones de la Delegación del Gobierno, que es la titular del Temple, y ha dictaminado que continúen las obras.

Si a esto le añadimos el pulso político que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, han iniciado a cuenta de estas obras, el conflicto está servido.

Reacción contundente

Ayer, de hecho, la reacción del ayuntamiento fue contundente. En primer lugar, recuerda que fue el consistorio el que solicitó el dictamen del Consell Jurídic y, sin embargo, lo han enviado a la Delegación del Gobierno y no a ellos, que aún no lo han recibido. «De confirmarse „dice el consistorio„, estaríamos ante una nueva falta de procedimiento administrativo que se sumaría a las que ya envuelven este caso y demandaremos responsabilidades por ello».

En segundo lugar y aún sin tener el dictamen del Consell sobre la mesa, aseguran que «parecería ridículo jurídicamente que el CJC negara la revisión que el ayuntamiento quiere hacer de un acto ilegal, en este caso la concesión de una licencia que atenta contra el planeamiento». «Si el Consell lo que quiere es que se recupere la licencia que permite al delegado Juan Carlos Moragues construir una vivienda en un sobreelevado del Palacio del Temple, a pesar de que esa construcción destruye la cubierta del edificio y, por tanto, es necesariamente contraria al planeamiento urbanístico, por parte del ayuntamiento esas dos plantas sobreelevadas tendrán desde su origen „resaltan„ la calificación urbanística de ?fuera de ordenación substantiva? y, por tanto, el ayuntamiento aplicará las vías necesarias para que no se lleve a término la construcción».

Para el nuevo equipo de Gobierno, con este caso vuelven a aparecer «actitudes de prepotencia en algunas maneras de entender la legislación urbanística», actitudes que ya han visto, recuerdan, en casos como «el intento de destrucción del Cabanyal y el expolio de Tabacalera». «Algunos pretenden que el Palacio del Temple se sume a la triste lista de expolio del patrimonio de todos los valencianos».

En consecuencia, el ayuntamiento «no piensa dejar que lo destruyan, aunque la intención venga de un delegado del Gobierno, sea quien sea, y el objetivo sea hacerse una vivienda». «Las obras de restauración en el edificio pueden continuar, pero no se da via libre a la destrucción de la cubierta que supone la sobreelevación de dos alturas que pretende Moragues», concluyen.